El PP tira por la calle del medio en la polémica que inició EH Bildu incorporando en sus listas a 44 condenados por terrorismo -siete de ellos condenados por delito de sangre- y la posible ilegalización de ese partido. La dirección nacional de Génova trató de zanjar ayer el debate sobre esta última posibilidad, pero ahora lo ha reabierto la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, al decir que Bildu debe ser ilegalizado y que "ETA está viva", pocas horas antes de que la Fiscalía se haya opuesto a la ilegalización de Bildu por considerarla "una formación política democrática". 

La portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha admitido este jueves que la ilegalización de la coalición abertzale es complicada, pero exige a Pedro Sánchez que lo plantee a la Abogacía del Estado para su estudio. También ha evitado suscribir a Ayuso con que "ETA está viva", aunque recuerda los 379 atentados que aún están sin resolver.

Por un lado, Gamarra ha revelado que los servicios jurídicos del PP "consideran que no se incurriría en el supuesto" de ilegalidad, pero ha vuelto a exigir al Gobierno que sea quien consulte a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre si Bildu está cumpliendo con la ley de partidos. "A quien le corresponde hacer esa consulta es el presidente del Gobierno". 

Y en paralelo, el PP estudia también "la posibilidad de reformas que lleven a la ilegitimidad de personas que no hayan condenado y no estén colaborando con la Justicia para esclarecer los atentados sin resolver". También el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha discrepado de Ayuso: "Aceptamos con normalidad democrática que Bildu esté en las instituciones".

Por otro lado, y ante las reiteradas preguntas sobre si Gamarra -como miembro de la dirección nacional del PP que habla de Bildu y evita mencionar a ETA en esta campaña- está de acuerdo con Ayuso en que la banda terrorista "sigue viva", la portavoz ha recordado que "el Estado de Derecho no ha acabado de desarrollar su tarea porque aún quedan 379 atentados terroristas sin resolver". Gamarra ha recordado la "responsabilidad moral y política" de conseguir que el Estado de Derecho finalice esa tarea y "ponga a los responsables a disposición de la Justicia para que sean juzgados y cumplan sus condenas".