La campaña a las autonómicas ha llegado a su ecuador y los partidos han metido una velocidad más. Especialmente, la candidata del Partido Popular a la reelección en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este jueves ha protagonizado un desayuno informativo en el que Bildu y ETA han sido los máximos protagonistas. La líder madrileña ha vuelto a pedir la ilegalización del partido vinculándolo directamente con la banda terrorista, asegurando de esta que "está viva y en el poder". 

"Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Madrid y sobre España, cuando faltan diez días para unas elecciones que serán decisivas para todos, para nuestra región y nuestra nación", ha comenzado su intervención Díaz Ayuso a primera hora de la mañana. De esta forma ha dejado claro que, como es habitual por otra parte, iba a repasar más claves de actualidad nacional que regionales. 

"Desde 1977, los españoles no nos jugábamos tanto en las urnas", ha incidido acto seguido, para pedir el voto y volver a contraponer su modelo al de PSOE. Del presidente Sánchez ha dicho, una vez más, que quiere "socavar el sistema (constitucional) por la puerta de atrás" y en ese camino, ha opinado, le acompañan partidos como Bildu, que "podría acabar gobernando en el País Vasco". "(Sería un) desastre territorial de consecuencias imprevisibles", ha añadio. 

"Bildu no son los herederos de ETA; es ETA", ha proclamado la candidata de los 'populares' y unas líneas después ha asegurado que la banda terrorista, que anunció el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011, "está viva". "Está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales, y provocar una confrontación", ha enumerado Díaz Ayuso desde el atril.

Estas palabras no han gustado nada al Ejecutivo central y han devenido en su reacción casi inmediata. No en vano, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, estaba entre los presentes y en cuanto ha finalizado el desayuno, organizado por la agencia Europa Press, ha hecho declaraciones a los periodistas. "Lo que acabamos de escuchar ha sido tremendamente grave", ha aseverado. Las declaraciones han sido "bochornosas", ha añadido, y a la vez las ha considerado "una absoluta falta de respeto a las víctimas y a la ciudadanía".

"Hace más de 12 años que la democracia venció a la banda terrorista y permanecerá derrotada por más que el PP y la señora Díaz Ayuso sigan tratando de invocarla con fines electorales", ha agregado Martín. El delegado del Gobierno también ha dudado de que se pueda ilegalizar Bildu, como también ha defendido la presidenta. "Si consideran que se está incumpliendo la ley de Partidos tendrán que presentar una denuncia (...) pero lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo dentro del propio PP".

Con este recado, Martín ha querido poner el foco en que la ilegalización de Bildu a través de la aplicación del artículo 11 de la ley de Partidos Políticos -que legitima al Gobierno y al Ministerio Fiscal para iniciar el proceso y también contempla que puedan instarles a ello el Congreso o el Senado- no es una postura unánime dentro del PP. 

 "Creo que se puede revisar y deberíamos intentarlo", ha aseverado sin ambages Díaz Ayuso, una palabras que difieren de la postura de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, que ya descartó la aplicación de este mecanismo a Bildu. 

El desmarque de Díaz Ayuso con respecto a Génova se ha producido, además, tan solo unos minutos antes de la emisión de un informe por parte de la Fiscalía General del Estado en el que se opone a iniciar el proceso para ilegalizar la coalición EH Bildu. 

La Fiscalía se opone a la ilegalización de Bildu: "Constituye una formación política democrática"

EH Bildu "constituye una formación política democrática" a la vista de "su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos", según el texto redactado por el Ministerio Público, redactado por la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, a petición del fiscal general, Álvaro García Ortiz.