La Fiscalía ha emitido un informe este jueves en el que se opone a iniciar el proceso para ilegalizar la coalición EH Bildu, como le había solicitado la asociación de guardias civiles JUCIL. En su informe, el Ministerio Público considera que "no concurren indicios mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos".

Según el texto, encargado por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y redactado por la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, EH Bildu "constituye una formación política democrática" a la vista de "su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos".

"Por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pues no concurren indicios mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas en el artículo 9.2 que permitan entrar a valorar los hechos referenciados", resuelve.

Los fiscales analizan este último precepto, el 9.2, según el cual "un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático".

Y determinan que no puede desligarse del 9.3 de esa misma ley, el cual precisa en su apartado c) que un partido será declarado ilegal cuando incluya "regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

"Las conductas del artículo 9.3 no son de ninguna manera independientes del apartado segundo del mismo precepto" y "no pueden constituir, por sí solas, causa de ilegalización, puesto que siempre han de concurrir previamente los presupuestos de aquél, esto es, la vulneración sistemática de las libertades y los derechos fundamentales, el fomento o la legitimación de la violencia como método para la consecución de fines políticos o el apoyo político a la acción de organizaciones terroristas", sostienen.

Coalición de "dos partidos que condenan la violencia"

En este sentido, subrayan que "ninguna de las conductas descritas en el artículo 9 determina aisladamente la disolución". En concreto, ponen la lupa en "la ausencia de condena expresa del terrorismo" para recalcar que "la doctrina constitucional le ha venido negando la consideración de indicio bastante para acreditar la voluntad defraudatoria".

En el caso concreto de EH Bildu, los fiscales señalan que se trata en realidad de una coalición de dos partidos políticos que "han condenado y condenan públicamente la violencia terrorista y han aceptado y asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional".

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En lo tocante a estos 44 candidatos, los fiscales afirman que "no consta acreditado en indicios objetivos que muestren intención alguna de volver a utilizar la violencia como instrumento al servicio de sus fines e ideales políticos", por lo que "no se aprecia razón alguna para impugnar aquellas candidaturas".

Sobre este extremo, ven "imprescindible" recordar que ETA abandonó su actividad armada, "hace ya casi 12 años" y que desde entonces ni la organización ni sus miembros han vuelto cometer hechos delictivos. "Por consiguiente, es desde esta perspectiva actual que se han de valorar todas las circunstancias concurrentes", zanjan los fiscales.

García y Narváez destacan igualmente que, "en todo caso, el precepto restringe el ámbito de aplicación de esta causa de ilegalización en la medida en que exige la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las listas electorales cuando se haga de modo regular y no meramente ocasional".

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El derecho fundamental a la participación política

También analizan en su informe el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según el cual son inelegibles "los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena" y "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de terrorismo (...) cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial".

Respondiendo a la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que invocó este artículo ante la Audiencia Nacional, cuya Fiscalía ya descartó que esos 44 candidatos incurrieran en esa causa de inelegibilidad, indican que "ha de ser interpretado en sentido restrictivo, pues su aplicación conlleva la privación del ejercicio de un derecho fundamental".

Los fiscales exponen que dicho precepto contiene "una doble exigencia", que haya una condena por terrorismo y que haya una condena de inhabilitación que siga vigente, apostillando que "en los 44 supuestos que se citan las personas recogidas en la relación de candidaturas habían cumplido ya sus condenas".

Con todo, manifiestan que "para que el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, hubieran podido impugnar las candidaturas (...), habría sido necesario aportar elementos de prueba que permitieran acreditar que, en este caso, la coalición EH Bildu habría venido a 'continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido'". Y "tendrían que haber quedado acreditadas también todas o algunas de las similitudes sustanciales", "como estructuras, organización o funcionamiento".

A lo largo del informe, los fiscales citan abundante jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo para dejar claro que "la disolución de un partido político es una de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia".

Por ello, indican, "la norma no establece causa alguna de ilegalización de partidos políticos por el hecho de ostentar determinados planteamientos políticos, sino porque su actividad vulnere los principios democráticos porque con esa misma actividad persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades".

Una vez contestada la petición de JUCIL y de Dignidad y Justicia, Fiscalía aún tiene pendiente contestar a un segundo escrito que la asociación de víctimas le remitió ayer para que estudiara la ilegalización de EH Bildu en base a la ley de partidos políticos. No obstante, fuentes fiscales avanzan a Europa Press que la respuesta irá en el mismo sentido que este informe, descartando así activar el procedimiento.

La ilegalización de un partido político compete a una sala especial del Tribunal Supremo, pero el proceso solo puede iniciarse a instancias de la Fiscalía o del Gobierno. La ley detalla además que tanto el Congreso como el Senado podrán instar a su vez al Ejecutivo a que solicite la ilegalización de un partido político y el Gobierno estará obligado a hacerlo.

Fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press ya advertían, en línea con lo manifestado este jueves por Fiscalía, que el artículo 9 de la ley de partidos parte de la premisa de que haya una actividad terrorista, circunstancia que actualmente no se da. En consecuencia, consideran difícil que en estos momentos pueda prosperar un proceso de ilegalización contra EH Bildu por las 44 candidaturas.