La nueva Ley de Vivienda aprobada en el Senado y que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha supuesto la enésima confrontación entre el Gobierno de España y el PP. Y es que la nueva Ley contempla aspectos y puntos que entrarían en conflicto con las competencias de las Comunidades Autónomas, como por ejemplo la delimitación de las llamadas "zonas tensionadas" en las que el precio del alquiler se ha disparado. 

Es por ello que, durante todo el proceso de tramitación de la Ley, las regiones en las que gobierna el PP (Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León) se han mostrado en contra de la nueva norma. De hecho, las comunidades lideradas por el PP o los candidatos del PP a gobernarlas tras el 28M han avanzado su intención de aplicar únicamente las medidas obligadas por el Estado.

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La Comunidad de Madrid recurrirá la ley

A pesar de este clima de oposición, tan solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá la ley estatal al Tribunal Constitucional. El motivo: la invasión de competencias en la que incurriría la norma según la tesis defendida por el PP. Desde Génova, según señalan fuentes de la dirección nacional, se ha dado libertad a los territorios para seguir los pasos de Ayuso en caso de que así lo consideren.

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Feijoo mantendrá las deducciones de la Ley de Vivienda

A pesar de las amplias críticas desde el PP a la Ley de Vivienda, Feijoo mantendrá, de ser presidente, las deducciones que establece la norma acordada por el PSOE y Unidas Podemos con los partidos independentistas ERC y Bildu. Así lo han asegurado fuentes de la dirección a 20minutos, que han confirmado que Feijoo si eliminará, de llegar a la Moncloa, las medidas "intervencionistas" al mercado inmobiliario. Es decir, el tope de precios del alquiler al 2% en 2023 y en 3% en 2024 y que a partir del siguiente tendrá un porcentaje menor a la cifra de subida del IPC.