El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la suspensión cautelar que pedía el Gobierno valenciano para el recorte al trasvase Tajo-Segura y que el Ejecutivo presidido por Ximo Puig incluyó en su recurso el pasado mes de febrero. Según los magistrados, esta decisión "no priva" a la Generalitat del fin último de su reclamación, que es paralizar los caudales ecológicos que reducirán la aportación hídrica, ya que estos se aplicarían en 2026 y 2027, por lo que ve tiempo suficiente para que haya un fallo definitivo.

En concreto, la Generalitat planteaba como medida cautelar la suspensión del escalonamiento de los caudales ecológicos del Tajo para los años 2026 y 2027, entre la presa de Bolarque y el embalse de Valdecañas, previstos en el Real Decreto 35/2023 del Plan Hidrológico del Tajo. Cuando anunció el recurso, Puig dijo que actuaba "en defensa del interés general" de los agricultores valencianos, aunque no consensuó la iniciativa con el sector ni con la Diputación de Alicante, gobernada por el PP.

En opinión del TS, hasta dentro de tres años hay "tiempo más que razonable para que la Sala pueda dictar sentencia, sin perjuicio de que la medida cautelar puede solicitarse en cualquier momento como prevé la ley". La Sala expone también que no se aprecia que asistan a la Generalitat razones que justifiquen la suspensión desde la perspectiva de la apariencia de buen derecho.

La consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro (Compromís), mostró el respeto de su departamento a la desestimación de la suspensión cautelar, pero "habría agradecido" que el Supremo "entendiera cómo funciona la agricultura". Según afirmó, el aumento de los caudales ecológicos es "un perjuicio" para la actividad agraria y añadió que los procesos en la agricultura son largos y se necesita seguridad "con antelación" para saber que se va a disponer del agua suficiente. "No tenemos más remedio que respetar la decisión de la Justicia, pero no la compartimos en absoluto", dijo.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, tildó de "varapalo" la decisión judicial y acusó de "sectarismo" a la Generalitat por presentar el recurso sin la Corporación. "Por querer ir a electoralismo, ha salido mal", afeó. "Era insuficiente; no quiso consensuarlo, ni coordinarlo, ni trabajarlo con la Diputación y no quiso recurrir el principal hachazo del Gobierno de Pedro Sánchez", afirmó Mazón. "Ya lo dijimos, no ir juntos nos podía perjudicar y es lo que ha ocurrido", lamentó.