El Gobierno valenciano va a mover ficha tras la consumación del recorte por parte del Ejecutivo central al trasvase Tajo-Segura, que afectará de forma gradual al sur de Alicante hasta 2027 y que pretende compensar con alternativas como la desalación. El jefe del Consell, Ximo Puig, ha anunciado que el pleno de este viernes aprobará un recurso "en defensa del interés general" de los agricultores valencianos y que, además, solicitará medidas cautelares. El barón socialista sigue así los pasos del PP y de los regantes, que ya anunciaron que irían por su cuenta a los tribunales.

En concreto, la Generalitat pedirá paralizar de manera cautelar la aplicación de los caudales ecológicos contemplados en el Plan del Tajo, que provocan el recorte del trasvase al Segura, mientras no se analice antes el fondo del recurso en defensa de los intereses de los regantes de esta comunidad. 

La reunión del Gobierno autonómico se producirá en Orihuela, la capital de la Vega Baja, la comarca más afectada por el recorte al trasvase y uno de los flancos débiles electoralmente hablando para el pacto del Botànic por el que comparten gobierno desde 2015 las fuerzas de la izquierda valenciana. Además, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que es el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, ha hecho bandera del agua como asunto central de su acción política.

En declaraciones a los periodistas, después de una visita a las obras de rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en València, Puig ha abogado por "paralizar cualquier decisión hasta que no se aborde el fondo de la cuestión", es decir, el contenido del recurso. 

El Gobierno valenciano rechaza la disposición novena del Real Decreto porque no ve justificado que no haya una evaluación previa de cómo funcionan las inversiones en materia hídrica y cómo están las masas de agua del río antes de subir los caudales de forma "inexorable".

Tras señalar que el Consell "nunca" renunciará al trasvase Tajo-Segura, el presidente valenciano ha afirmado que al mismo tiempo que defiende esa transferencia de agua entre cuencas también se buscan "otras soluciones" para conseguir el objetivo de que "se garantice el agua para siempre".

Por eso, la Generalitat sí está de acuerdo con otros capítulos del Real Decreto, como los relativos a las inversiones y a la comisión de seguimiento, pero no en lo relativo a la disposición novena, que propicia la subida de los caudales ecológicos.

"Continuaremos trabajando en la gestión del diálogo y también en el ámbito judicial pensamos que tenemos razón", ha proseguido el president, quien ha insistido en que busca "la defensa del interés general de los regantes de la Comunitat" lejos del "partidismo y una guerra del agua como en otros ámbitos se plantea".

"Queremos soluciones para siempre para los regantes de la Vega Baja y para el conjunto de la Comunitat Valenciana porque pensamos que tenemos derecho, y lo vamos a ejercer para mantener el trasvase", ha insistido Puig, quien ha señalado que con motivo de su presencia este viernes en Orihuela habrá un acto relevante sobre la reutilización y regeneración de aguas, así como del uso de corrientes subterráneas y modernización de riegos.

Sobre la desalinización, ha indicado que el Consell apoyará "un precio asequible" para los agricultores.