Este jueves 27 de abril se aprobaba con mayoría de votos en el Congreso de los Diputados la nueva ley de vivienda, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición, EH Bildu y ERC, que pasa ahora a ser tramitada en el Senado antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Una ley que contempla algunos cambios con respecto al proyecto inicial de 2022 y que incorpora novedades como la ampliación de los topes para la actualización del precio del alquiler, una nueva definición de lo que se considera una zona tensionada y cambios en el pago de los honorarios a las inmobiliarias.

En este sentido, la nueva normativa también contempla cambios en lo que se refiere a las viviendas vacías. Así, ofrecerá a los Ayuntamientos la opción de establecer penalizaciones económicas a aquellos propietarios que mantengan sus inmuebles vacíos, con el objetivo de fomentar su salida al mercado. No obstante, esta decisión será competencia municipal.

La venganza del gran tenedor: "Nos quieren echar de nuestras casas antes de que entre en vigor la ley"

Un recargo que puede alcanzar el 150% en el IBI

En este sentido, los consistorios municipales podrán aplicar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% en estos casos. Como recoge el portal inmobiliario Idealista, se considerará que una vivienda vacía a aquella que permanezca desocupada de manera continuada por un plazo superior a dos años, salvo en determinados casos justificados, y siempre que el arrendador sea titular de cuatro o más inmuebles.

"Esta situación de desocupación se declarará mediante un procedimiento administrativo con audiencia del contribuyente", indica el citado portal. Por tanto, los Ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50% para las viviendas que lleven vacías dos años, y será posible que alcance el 100% si llevan más de tres años desocupadas. 

¿Quién tiene que pagar los gastos de agencia al alquilar una vivienda, el arrendatario o el propietario?

Asimismo, la nueva normativa contempla que este porcentaje pueda alcanzar el 150% si estas viviendas pertenecen a propietarios que tengan dos o más inmuebles residenciales en un mismo término municipal.