Siete comunidades autónomas no publican información sobre la cuantía de fondos europeos de recuperación que han ejecutado. Una cuestión que no es baladí, pues, según las estimaciones del Gobierno central, el 54% del dinero europeo asignado a España desde Bruselas lo tienen que ejecutar las autonomías. Así se desprende de un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas (TCU), el primero que este organismo encargado de fiscalizar las cuentas del sector público realiza sobre la gestión del plan de recuperación. 

El organismo auditor señala que 10 autonomías publican datos de ejecución autonómica de los fondos. El año pasado, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana sí comunicaban públicamente esta información en sus páginas web dedicadas al plan. Un grupo al que se han sumado este año Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Sin embargo, los auditores del TCU no han encontrado datos de ejecución de los fondos que han recibido Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Canarias, La Rioja, Cantabria o Galicia.

Además, el Tribunal de Cuentas ha concluido que cuatro comunidades no ofrecen datos específicos sobre licitaciones y convocatorias autonómicas abiertas en sus páginas web. Se trata de Andalucía y Extremadura (que tampoco informan de la ejecución), Navarra y Asturias.

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El seguimiento de la ejecución de los fondos europeos está siendo difícil por varias razones. La complejidad y la carga burocrática del mecanismo se mezclan con el laberinto administrativo español, con tres niveles de administración (central, autonómico y local) implicados.

El Gobierno ha presumido en varias ocasiones de que tres de cada cuatro euros de los fondos presupuestados en 2021 y 2022 ya han llegado a la economía, pero la realidad es más compleja. Ese 75% de supuesta ejecución son "obligaciones reconocidas", un concepto contable que no refleja los pagos que se han realizado con cargo al plan. Por ejemplo, los fondos movilizados desde el Gobierno central hacia las comunidades autónomas cuentan como obligaciones reconocidas, aunque la administración regional no haya ejecutado lo recibido. 

El TCU recomienda a las comunidades que publiquen información "detallada y actualizada" sobre la ejecución de los fondos en las webs autonómicas dedicadas al plan de recuperación. Desde otros organismos se ha reprochado a España la falta de información sobre la ejecución real de los fondos. También en el tramo autonómico. Por ejemplo, el FMI señaló el pasado enero que la información que llega desde las comunidades es escasa. El organismo afirmaba entonces que, aunque la velocidad a la que se están transfiriendo los fondos a las autonomías se ha acelerado, "se sabe poco sobre la medida en que se han gastado los recursos". 

Los últimos en quejarse de la falta de transparencia han sido los eurodiputados de la Comisión de Control Presupuestaria, capitaneada por la parlamentaria del PP alemán, Monika Hohlmeier. En un informe elaborado tras su visita a España, Hohlmeier señaló que "cuestiones importantes quedaron sin respuesta, en particular las que atañen a las cantidades de fondos que han llegado a receptores finales". 

Los últimos datos de asignación de fondos a las autonomías reflejan que ya se han movilizado 21.609 millones de euros para que los ejecuten las administraciones regionales. Las comunidades que mayor volumen gestionan por el momento son Andalucía (3.420 millones), Cataluña (3.181 millones), Madrid (2.374 millones) y Comunidad Valenciana (2.060 millones). 

Pide una mejor planificación

En otro orden de cosas, el Tribunal de Cuentas recomienda a las autonomías que mejoren la planificación para gestionar los fondos y que esta se haga de manera coordinada entre las consejerías. Así, sostienen, se podría conocer mejor cuáles son las "prioridades, medios y necesidades" de cada órgano de gobierno. En este sentido, el TCU sostiene que una amplia mayoría de las comunidades no ha llevado a cabo una planificación "dirigida y coordinada".