Un chalé incendiado por cuatro menores va a costarle a sus padres una gran suma de dinero: 557.563 euros. Así lo ha dispuesto la jueza encargada del caso, quien ha condenado a los progenitores a pagar  medio millón de euros por el incendio provocado por sus hijos en la vivienda de un notario de Zaragoza, según recoge Heraldo de Aragón.

Los jóvenes, que cuando se produjeron los hechos tenían entre 14 y 17 años, accedieron al chalé por la puerta trasera, que estaba rota, aprovechando que el dueño no se encontraba en el inmueble. Una vez dentro, rompieron la puerta de la bodega, donde fumaron  y abrieron varias botellas de vino, tal como muestran unas grabaciones que rescató la Guardia Civil del teléfono móvil de uno de los investigados.

Después, en el salón, echaron gasolina en un vaso de cristal y le prendieron fuego, lo que causó una gran llamarada de fuego. El grupo intentó extinguirlo de varias maneras, de las cuales ninguna tuvo éxito: primero utilizaron agua del grifo, pero el combustible se derramó por la mesa y esta se prendió de inmediato; después usaron el edredón de una cama, pero lo único que consiguieron fue avivar más el incendio.

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Ante esto, los menores decidieron abandonar la casa, que acabó en llamas. Los autores del incidente reconocieron ante la jueza que estuvieron en la vivienda, pero alegaron que pensaban que estaba abandonada. Argumento inadmisible para el magistrado, puesto que el dueño compró la casa en 2019 y estaba en perfecto estado.

Los daños causados por el incendio llevó a las defensas utilizar distintos argumentos, rechazados por la jueza, para intentar reducir la elevada indemnización: insinuaron una responsabilidad del propietario por no haber tomado medidas para evitar que los intrusos que colaran en su interior y un posible enriquecimiento ilícito, al haber pagado 320.000 euros al comprar la casa.

No obstante, la magistrada ha fijado la indemnización en base al precio actual del chalé. El propietario, que reside en la capital aragonesa, había construido esta casa como segunda residencia, por lo que solo acudía allí algunos fines de semana y en periodos vacacionales. 

Los cuatro jóvenes han sido condenados por un delito de allanamiento de morada y otro de daños por imprudencia grave, pero su condición de menores hará que sean sus padres quienes afronten la deuda. 

Dos de los autores pasarán doce meses bajo libertad vigilada, mientras que a otro se le impone la obligación de asistir durante el mismo periodo a un centro de día supervisado. El cuarto, que acaba de cumplir la mayoría de edad, tendrá que hacer tareas socioeducativas durante seis meses. Los padres, como responsables civiles, van a recurrir la condena.