El respaldo de los accionistas de Ferrovial al cambio de sede social de la empresa a Países Bajos ha sido recibido con un tono desigual en las dos alas del Gobierno. Desde la vicepresidencia económica del Ejecutivo, capitaneada por Nadia Calviño, han trasladado su respeto a la decisión del accionariado de la multinacional, mientras que desde Unidas Podemos, Yolanda Díaz ha tachado de "inaceptable" la marcha de la compañía que preside Luis del Pino, e Ione Belarra exige más contundencia al ala socialista del Ejecutivo.

Fuentes del ministerio de Asuntos Económicos sostienen que el Gobierno respeta la decisión. Las mismas fuentes señalan que el Ejecutivo seguirá trabajando para atraer inversión y que las empresas españolas puedan crecer, crear empleo y acceder a los mercados financieros desde España "en las mejores condiciones posibles". 

Desde el departamento capitaneado por Calviño insisten en que los análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de Bolsas y Mercados Españoles (BME) apuntan a que "no existen obstáculos legales, normativos o de operativa" que impidan que Ferrovial pueda cotizar simultáneamente en la bolsa estadounidense y la española y, a la vez, mantener su sede social en Madrid.

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En Economía señalan que seguirán trabajando para defender los intereses de las empresas españolas e impulsar su expansión y destacan que el país es "competitivo" y capaz de atraer "talento e inversiones". Prueba de ello, señalan, es que en 2022 España recibió más de 34.000 millones de inversión extranjera, el segundo mejor registro de la historia.

Asuntos Económicos ya había trasladado a la empresa su malestar con la salida de forma directa. Lo hizo a través de una misiva dirigida al consejero delegado de la empresa, Ignacio Madridejos que firmaba el Estado de Economía y Empresa, Gonzalo García. Desde la oposición se interpretó el envío de la carta como un "juego sucio" y una "amenaza" del Gobierno hacia la empresa. 

Una acusación de intentar presionar a la compañía que la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha descartado este jueves. Montero ha señalado que el Gobierno tiene la "obligación" y "responsabilidad" de dejar claro que se puede cotizar en ambos países. "Si ese es el motivo por el que se quiere trasladar, no hace falta que se vaya", ha insisitdo la ministra de Hacienda en una entrevista concedida a Antena 3. 

Unidas Podemos, más beligerante

Desde el ala morada del Ejecutivo se han mostrado más beligerantes con la compañía. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha tachado de "inaceptable" la decisión de Ferrovial y ha reclamado a las empresas que se comprometan con su país. 

De igual manera, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a Ferrovial de irse a Países Bajos "para tratar de evadir impuestos" y ha reclamado a la parte socialista del Gobierno que sea "mucho más contundente" con la empresa. Belarra ha acusado a la empresa de "reírse a la cara de los españoles" y ha defendido que la empresa se mantuvo a flote durante la pandemia gracias a las ayudas públicas. La también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha señalado que el comportamiento de Ferrovial "no se puede permitir" y ha exigido a la empresa que devuelva "hasta el último euro que recibió de los españoles y españolas". 

Una demanda que la formación morada quiere que se materialice a través de una proposición de ley que obligue a las empresas españolas que trasladen su producción o su sede social fuera de España a devolver todas las ayudas públicas recibidas en la década anterior a su salida.