Podemos se mueve para intentar torpedear el traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. Este jueves, la secretaria general morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció que Unidas Podemos presentará una proposición de ley por la cual las empresas que se marchen de España estarían obligadas a "devolver todos y cada uno de los euros que han puesto los españoles y las españolas para mantenerlas a flote" en forma de ayudas públicas.

El movimiento de Unidas Podemos no forma parte de la respuesta del Gobierno al anuncio de Ferrovial, sino que supone un paso más de los morados destinado a presionar a la multinacional para "frenar la deslocalización", tanto la suya como la de otras grandes empresas que pudieran seguir sus pasos, en palabras de Belarra. "No hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos cuando las cosas te van mal y, cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar los impuestos que te corresponden", espetó la ministra.

Fuentes de Unidas Podemos concretan que la proposición de ley que el grupo morado llevará al Congreso apostaría, a grandes rasgos, por "obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal o social fuera de España a que devuelvan las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los diez años anteriores a la decisión de abandonar el país". Además de estas cantidades, la norma obligaría a estas grandes empresas a pagar "intereses de demora" en función de los fondos públicos percibidos.

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"Los españoles y las españolas salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTE, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas", señaló este jueves en este sentido el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. En esa misma línea se pronunció por la mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que recordó a Ferrovial que los ciudadanos "la hemos salvado con dinero público".

Díaz no se pronunció sobre la propuesta que llevará Unidas Podemos al Congreso, pero sí hizo hincapié en que Ferrovial "no es cualquier empresa" tanto por su volumen como por su protagonismo a la hora de acceder a la contratación pública y, en línea con los planteamientos morados, recordó que el Ministerio de Trabajo acaba de elaborar una norma en la que se obliga, ante procesos de deslocalización, "a devolver todos los recursos públicos que hayan percibido". Díaz, además, sí exigió expresamente a Ferrovial que "mantenga los más de 5.000 puestos de trabajo que tiene en España".