No ha habido sorpresas en la Junta General de Accionistas de Ferrovial. Los inversores han dado luz verde este jueves al traslado de la sede social a Países Bajos pese al rechazo frontal del Gobierno, que ha insistido hasta el último momento en que no existe ningún impedimento para cotizar en la Bolsa de Estados Unidos desde España y ha advertido de una posible pérdida de ventajas fiscales.
La reunión se ha celebrado tal y como estaba previsto, con la participación de accionistas por valor del 77,691% del capital social de la compañía. Los argumentos esgrimidos por la compañía convencieron a los accionistas presentes y representados, que han aprobado por mayoría absoluta — un 93,3% de los votos— la fusión de Ferrovial con su filial neerlandesa Ferrovial International SE, el polémico décimo punto del orden del día.
El presidente de la compañía ha defendido la operación en su discurso inicial. Ha asegurado que la operación obedece al "natural desarrollo de Ferrovial" y persigue aumentar la capacidad de competir en los mercados internacionales, así como dotar de mayor liquidez a la acción, tener mayor capitalización, más visibilidad ante el inversor internacional y mejores condiciones de financiación. Del Pino ha subrayado que la maniobra responde a "objetivos económicos válidos" y ha negado cualquier motivación fiscal.
"La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla", ha afirmado, garantizando así que la constructora podrá acogerse a las deducciones fiscales para fusiones transfronterizas. Del Pino ha insistido en que la operación explora una "vía contrastada para cotizar en Estados Unidos", frente a los procesos "inciertos" que "a día de hoy" requeriría hacerlo desde España.
No obstante, el empresario ha querido matizar que la constructora mantendrá su actividad, sus proyectos y sus inversiones en España, donde seguirá contribuyendo fiscalmente y generando riqueza. "España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello", ha afirmado, para añadir que "Ferrovial no se va de España". La compañía operará en el país a través de una filial que cuenta con Ignacio del Pino, primogénito del presidente del grupo, como apoderado. La sucursal comenzó su actividad el pasado 16 de marzo, dos semanas después del anuncio del traslado, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).
Por su parte, los inversores comparten la posición de la compañía, a tenor del resultado de la votación. De hecho, los inversores que han tomado la palabra durante la junta se han mostrado a favor de la intervención y han afeado las presiones del Gobierno. En concreto, el accionista francés Jean Pierre Paelink ha expresado su "preocupación" por los "ataques" perpetrados por el Ejecutivo, al que ha acusado de comentarios "excesivos e improcedentes, al borde de la legalidad" y de "violar" un derecho fundamental europeo como es la libertad de establecimiento. También Cristian Verdich, de la asociación europea Better Financer, ha defendido que las decisiones "tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas y nunca por instancias políticas".
Economía traslada su respeto a la decisión
El respaldo de los accionistas de Ferrovial al cambio de sede social de la empresa ha sido recibido con un tono desigual en las dos alas del Gobierno. Desde la vicepresidencia económica del Ejecutivo, capitaneada por Nadia Calviño, han trasladado su respeto a la decisión del accionariado de la multinacional, mientras que desde Unidas Podemos, Yolanda Díaz ha tachado de "inaceptable" la marcha de la compañía que preside Luis del Pino, e Ione Belarra exige más contundencia al ala socialista del Ejecutivo.
Fuentes del ministerio de Asuntos Económicos sostienen que el Gobierno respeta la decisión. Las mismas fuentes señalan que el Ejecutivo seguirá trabajando para atraer inversión y que las empresas españolas puedan crecer, crear empleo y acceder a los mercados financieros desde España "en las mejores condiciones posibles".
Desde el departamento capitaneado por Calviño insisten en que los análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de Bolsas y Mercados Españoles (BME) apuntan a que "no existen obstáculos legales, normativos o de operativa" que impidan que Ferrovial pueda cotizar simultáneamente en la bolsa estadounidense y la española y, a la vez, mantener su sede social en Madrid.
El último escollo
Tras la votación favorable, se abre un periodo de un mes -desde el registro de la operación- en el que los accionistas que no estén de acuerdo con el traslado tienen un mes para ejercer su derecho de separación. Es decir, pueden vender sus acciones a cambio de una indemnización de 26 euros, el precio medio de cotización de la compañía en los tres meses anteriores al anuncio del cambio de sede social el 28 de febrero.
Ferrovial cuenta con un máximo de 500 millones de euros para remunerar a estos accionistas díscolos, de manera que en caso de que más del 2,53% de los inversores opten por esta vía se frenaría el traslado. No obstante, es poco probable que eso ocurra, ya que el precio de cotización actual está por encima de la contraprestación establecida, por el buen comportamiento de la constructora en Bolsa en las últimas semanas. Desde el anuncio de la fusión, Ferrovial ha subido en Bolsa un 3,35% en mitad de las turbulencias financieras y este mismo jueves ha rebotado un 1,25% tras conocerse el veredicto de los accionistas.
Además del traslado, los accionistas han aprobado también la reelección de Ignacio Madridejos como consejero delegado y la aprobación de la remuneración de los accionistas. En relación a este punto, Ferrovial propone un dividendo flexible por un máximo de 520 millones de euros a repartir en dos tramos y una recompra de acciones por un total máximo de 500 millones de euros. El primer pago del dividendo se llevará a cabo a través de una ampliación de capital de 207 millones de euros y la segunda por medio de otra de 313 millones, los mismos importes que hace un año. En cuanto a la recompra, el número de acciones a adquirir no podrá exceder los 34 millones, lo que supone el 4,67% del capital social de la empresa.
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