No se esperaban sorpresas en la junta general de Ferrovial ni se han producido: la cúpula de la empresa, una de las más internacionalizada de las industrias españolas, trasladará su sede a los Países Bajos con el evidente propósito de obtener mejores beneficios fiscales. Es una decisión que ha levantado mucha polémica y es previsible que el debate todavía no haya terminado. El Gobierno se opone frontalmente y esgrime sus argumentos razonados, pero si no se produce un milagro financiero, tendrá que dar su resistencia por perdida.

La marcha de la sede de Ferrovial a un país extranjero, comunitario pero para esto no será decisivo, deja en el ambiente político europeo la frustración reiterada de no haber conseguido que la UE establezca una unidad fiscal que impida que unos países se estén haciendo la competencia entre ellos de incluso que haya algunos que jueguen con la ventaja de establecer sus reducciones fiscales para competir con los restantes socios comunitarios. Es sin duda este caso.

Para España es, por mucho que se niegue, una pérdida de ingresos fiscales importantes. España necesita mejorar los ingresos para atender a sus necesidades crecientes para reducir el déficit y en la búsqueda de inversiones públicas, de mejora de la igualdad social y de mantener un ambiente propicio para al desarrollo y modernización de su tejido industrial e incrementarlo con más iniciativas. Y ahí radica uno de los efectos negativos más preocupantes de la marcha de Ferrovial.

Enseguida se contempló que el traslado de su sede pudiera tener el efecto contagio: es decir, que otras empresas con actividades diferentes y en expansión internacional hagan sus cálculos y tomen el mismo ejemplo. De momento no parece probable, pero nunca hay que descartarlo. El segundo ejemplo pésimo es si se contempla la influencia que este caso pueda tener en la pérdida de nuevas inversiones de empresas foráneas, clave para el crecimiento y la creación de mano de obra.