La carta de renuncia de la vocal progresista Concepción Sáez ha desatado un torbellino en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dado que el miembro del mismo bloque Álvaro Cuesta ha reaccionado a la noticia proponiendo a los ocho vocales de su sector una dimisión conjunta, planteada como la única fórmula para hacer ineficaz al órgano y así forzar su renovación antes de que termine la legislatura.
Los vocales del órgano de gobierno de los jueces debieron abandonar sus asientos hace ya más de cuatro años, pues su mandato concluyó en diciembre de 2018. Sin embargo, los responsables de negociar una nueva composición para el Consejo (el Partido Popular y el PSOE, ya que su voto es imprescindible para que el Parlamento de el visto bueno a la renovación) no han llegado a ningún acuerdo en todo este tiempo. Por tanto, el Consejo permanece compuesto por los vocales que las Cámaras nombraron en 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy gozaba de mayoría absoluta.
El Gobierno de Pedro Sánchez trató de presionar a los populares en marzo de 2021 a través de una reforma legal que dejó al Consejo atado de manos mientras permaneciera en funciones, pero la estrategia fracasó, y desde entonces el órgano es incapaz de nombrar magistrados para el Tribunal Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y las audiencias provinciales, que acumulan cada día más vacantes y más trabajo. El Ejecutivo consiguió sortear su propia reforma y renovar en enero el Tribunal Constitucional a través de otra reforma legal.
Ante la ausencia de un pacto político que en ocasiones ha parecido inminente y frente a la degradación progresiva a la que los tribunales se ven abocados, la vocal Concepción Sáez decidió cesar en su cargo esta misma semana (como ya hizo el entonces presidente del CGPJ y el Supremo, Carlos Lesmes, en octubre del pasado otoño). Sáez, nombrada en 2013 a elección de IU, explicó en su misiva que su paciencia se había agotado. "En este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución", la vocal considera que su continuidad es "inútil" a nivel jurídico y político.
Pese a que su renuncia no se ha materializado todavía (para ello debe contar con la aprobación del presidente del Consejo, Rafael Mozo), la carta ha tenido ya un claro impacto entre las paredes del CGPJ. La razón es que su compañero Álvaro Cuesta ha propuesto extender la dimisión a todo el bloque progresista, compuesto por ocho vocales, lo que llevaría al órgano a quedarse sin el cuórum necesario para tomar ninguna decisión por medio del Pleno y podría funcionar como medida de presión para que el PSOE y el PP se acercasen de nuevo a negociar la renovación.
El CGPJ debería estar compuesto por 20 vocales y un presidente, pero actualmente lo integran 17 vocales y el presidente interino, Rafael Mozo. La Ley Orgánica del Poder Judicial dicta que "para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria, como mínimo, la presencia de diez vocales y el presidente". Con lo cual, si todo el bloque progresista (incluido Mozo) recoge el testigo de Cuesta, el CGPJ quedará en una situación insostenible.
Cuesta y Sáez han protagonizado previamente otros intentos de promover la renuncia en bloque de su grupo de vocales, pero nunca han tenido éxito en su empresa. En este contexto, por otro lado, la estrategia se vería reforzada por las presiones de la Unión Europea, que ante la inminente Presidencia española de la UE, ha dado a España varios toques de atención para que el problema quede zanjado antes del mes de julio.
Los vocales progresistas mantuvieron un primer encuentro este viernes para discutir el asunto y se reunirán de nuevo el martes a las 19.00 horas para abordar su posición, que sea cual sea no podrá materializarse hasta el Pleno previsto para el jueves. Al encuentro que mantuvieron el viernes acudieron Concepción Sáez, Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta y el presidente Rafael Mozo. La vocal Pilar Sepúlveda atendió de forma telemática y los otros dos progresistas, Mar Cabrejas y Enrique Lucas, no pudieron participar por motivos profesionales.
El bloque conservador, por otro lado, no parece tener intención de apoyar la iniciativa. Fuentes de este segundo sector, el mayoritario, alegan que la dimisión colectiva podría suponer un "delito de abandono colectivo del servicio", recogido en el artículo 409.2 del Código Penal y castigado con una multa de ocho a doce meses y la inhabilitación para el cargo público por el plazo de hasta dos años.
Según informan fuentes del Consejo, a pesar de que el órgano es esencial para la constitución de la junta electoral, la renuncia no afectaría a las municipales y autonómicas del 28 de mayo dado que ya está todo previsto.
Sánchez no confía en la renovación antes de diciembre
El presidente del Gobierno se refirió el viernes a este nuevo capítulo en la crisis del órgano de gobierno de los jueces para responsabilizar de la misma al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con quien estuvo a punto de llegar a un pacto de desbloqueo el pasado otoño. Sánchez acusó al popular de llevar a cabo un "secuestro de la Constitución" y, ante la falta de "autonomía" de Feijóo, confía en renovar la "mayoría progresista" en las elecciones generales que se celebrarán en diciembre y conseguir, de esta manera, que PP "entre en razón" y pacte la renovación.
El socio minoritario de la coalición de Gobierno, Podemos, presiona al presidente para acometer ya otra reforma legal que permita rebajar las mayorías en el Congreso para nombrar a los vocales del CGPJ y, de esta manera, no tener que depender del PP. Pero es algo que el PSOE nunca ha visto claro.
El punto de vista de Génova resulta diametralmente distinto al del presidente, al que los populares acusan de tratar de "controlar por las bravas" el Consejo. Según declaró el coordinador general del PP, Elías Bendodo, la propuesta de los progresistas forma parte de un "intento de motín en el CGPJ para que el Gobierno pueda controlarlo".
Para el PP, cualquier intento de negociación pasa por la aceptación de su última propuesta, que consiste en que los propios jueces nombren a parte de los vocales del CGPJ. Al margen de esta posición, los populares aseguran que no harán concesiones al Ejecutivo independientemente de la situación por la que pase el órgano de los jueces.
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