La degradación de los órganos constitucionales fue una de las tristes protagonistas de la España de 2022, llegando a alarmar a la Comisión Europea, que en varias ocasiones ha tratado sin éxito de impulsar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A lo largo del año los acercamientos de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez para desbloquearlo cayeron siempre en saco roto, prolongándose así una situación que se agravó en junio al caducar el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La renovación de este tribunal, que fue ganando protagonismo durante la segunda mitad de año, no se produjo hasta el 27 de diciembre, tras una crisis institucional sin precedentes. 

El enfrentamiento abierto entre el Gobierno y los vocales del Consejo se zanjó a final de año con el nombramiento in extremis de César Tolosa y María Luisa Segoviano por parte del CGPJ. Estos dos magistrados y los nombrados por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez, tomarán posesión el próximo 9 de enero en sustitución de Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Este cambio de composición garantiza un Constitucional progresista durante al menos la próxima década.

La llegada de Feijóo y los amagos de acuerdo

A principios del año pasado, poco antes de la llegada de Feijóo a 'Génova', el diario The Economist asestaba un golpe a la reputación del Estado español, que según el medio británico había rebajado su calidad democrática precisamente por su problema con la independencia judicial. Un problema que Sánchez y Feijóo prometían disipar. 

Días después de tomar posesión, el dirigente popular tomó camino a Moncloa para "retomar las negociaciones" con el presidente. Bajo el brazo llevaba promesas de acuerdo y moderación: estaba dispuesto a abandonar los tiempos "del ruido y la riña" protagonizados en la oposición por Pablo Casado. El CGPJ fue el principal punto de consenso de cara a una fecha clave, el 12 de junio. Ese día se acabaría el mandato de cuatro magistrados del Constitucional y su renovación estaba íntimamente ligada al futuro del órgano de gobierno de los jueces.

Un año antes de la reunión con Feijóo ya como líder de la oposición, Pedro Sánchez se propuso impulsar una reforma que limita al CGPJ mientras está en funciones (es el caso, desde 2018) y que, en aquel momento, añadía presión al PP para renovar el Consejo. Desde entonces, dado que la medida de presión no funcionó, el CGPJ no puede nombrar magistrados de forma discrecional y los tribunales superiores se van degradando, perdiendo jueces que no pueden ser sustituidos tras jubilarse o terminar su mandato. 

Pero el 12 de junio de 2022, esa reforma se volvería contra el Ejecutivo que la impulsó: los magistrados González-Trevijano, Xiol, Narváez y Martínez-Vares acababan su mandato de nueve años. Para sustituirlos, el Gobierno debía nombrar dos candidatos y el CGPJ, otros dos, y además, todos ellos debían tomar posesión a la vez, tal y como dicta la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.  

A Sánchez se le presentaba un dilema complejo: ¿Cómo nombrar a sus dos candidatos si el CGPJ (en funciones) no podía hacer lo propio? Su ley le iba a torpedear. La primera solución era apresurar las negociaciones con Feijóo para lograr la renovación antes del 12 de junio. Pero no lo consiguió. El 12 de mayo llegaron informaciones desde Génova: Feijóo no estaba dispuesto a cerrar ningún acuerdo en el siguiente mes. Y a medida que la fecha señalada se aproximaba, el Ejecutivo fue urdiendo un plan alternativo independiente de la oposición. 

Entre tanto, el 14 de mayo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, visitó Madrid y solicitó un acuerdo político que lograra el desbloqueo judicial con la renovación del Consejo. Jourová reclamó también que se cambiase el modelo de elección de vocales del CGPJ, tal y como recogió el Informe del Estado de Derecho de 2022. 

Llegó junio, los cuatro miembros del Constitucional pasaron a ejercer en funciones y el día 14 de julio, el PSOE y Unidas Podemos llevaron al Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incluyó una enmienda que establecía lo siguiente: el CGPJ, a pesar de estar en funciones, podría nombrar magistrados del Tribunal Constitucional y lo debería hacer en los tres meses siguientes al fin del mandato de los magistrados a los que han de sustituir. 

Esta reforma liberó las manos del Consejo caducado, pero solo para que nombrase a magistrados del TC. Además, le obligaba a hacerlo antes del 13 de septiembre. Pero ese día, lejos de solucionarse el asunto, fue el principio de la batalla que el Gobierno y el sector conservador del CGPJ librarían hasta acabar el año. Los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces se desvincularon del mandato legal del Ejecutivo y pasaron los siguientes tres meses bloqueando la renovación. 

La salida de Lesmes

El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, decidió abandonar su puesto por la insostenibilidad de una situación que se había prolongado casi cuatro años. Su ultima labor como presidente del Consejo fue recibir al comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, que se personó en la capital para reiterar lo que Europa venía diciendo desde hace tiempo: la renovación del CGPJ es urgente y a ella le debe seguir un cambio en el modelo de elección de sus vocales. 

Actualmente en España el CGPJ lo elige el Parlamento de entre una lista que establecen las asociaciones de jueces previamente. En la práctica, PSOE y PP llevan décadas pactando su composición previamente a la votación. Lo que propone la UE y apoya el PP es que los propios jueces sean los que voten el Consejo, sin intervención del Congreso y el Senado. Este ha sido uno de los grandes argumentos utilizados por el PP para justificar el bloqueo. 

Carlos Lesmes renunció y fue sustituido por Rafael Mozo al frente del Consejo y Francisco Marín Castán al frente del Tribunal Supremo (Lesmes ocupaba ambos puestos, como es habitual y como dicta la Constitución). Su renuncia tuvo dos consecuencias inmediatas: los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces encontraron en ella una excusa para dilatar la renovación del TC y Sánchez y Feijóo un motivo para volver a negociar. 

Las conversaciones entre ambos líderes políticos daban la impresión de llegar a buen puerto, pero la supresión del delito de sedición pactada por el Gobierno y ERC en el marco de la aprobación de los Presupuestos de 2023 las tiraron por la borda. Cuando Sánchez daba la renovación por sentada, Feijóo se echó para atrás alegando que no podía pactar con el presidente mientras preparaba "reformas legales hechas a medida del independentismo". Hasta aquí los acercamientos entre el Gobierno y el PP. 

La renovación del Constitucional y la lucha de poderes

El otoño fue desgastando la paciencia del Gobierno frente al bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, hasta que el 29 de noviembre Sánchez decidió nombrar a sus dos candidatos: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez. La elección de dos magistrados cercanos al PSOE de Pedro Sánchez (especialmente en el caso de Campo, que formó parte de su Consejo de Ministros) fue objeto de muchas críticas lanzadas desde la oposición. 

Paralelamente, el Ejecutivo continuó adelante con la derogación de la sedición y añadió una enmienda a esta reforma para modificar también el delito de la malversación. Y otras dos para zanjar la renovación del Tribunal Constitucional, que los vocales conservadores del CGPJ seguían negándose a efectuar. 

Estas enmiendas daban comienzo al último episodio del embrollo del Poder Judicial, probablemente uno de los más turbulentos. El intento de reforma ha sido polémico desde el principio, porque al realizarse a través de enmiendas a una ley que nada tiene que ver con el Constitucional se saltaban la consulta al CGPJ y el Consejo de Estado y privaban al Parlamento de un debate profundo sobre la ley. 

Las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos proponían lo siguiente: poner una fecha límite para que los vocales del CGPJ nombren a dos candidatos del Constitucional; abrir la puerta a responsabilizarles penalmente si no lo hacen; cambiar el modelo de elección a través del cual se ejecutan estas votaciones, y eliminar el requisito de que el propio TC dé el visto bueno a los nuevos magistrados.

El Partido Popular las recurrió ante el Constitucional, que aceptó a trámite el recurso y aplicó medidas cautelarísimas suspendiendo la tramitación parlamentaria, en una decisión sin precedentes que provocó un verdadero choque entre instituciones del Estado. El Senado impuso un recurso a estas medidas, pero el TC lo desestimó y mantuvo el bloqueo a la tramitación de la reforma en el Senado. La Cámara Alta no pudo votar y el Gobierno anunció que presentaría la reforma a través de una proposición de ley independiente. 

En ese momento los vocales conservadores del CGPJ abandonaron su posición de bloqueo a la renovación y, tras conocer los planes del Gobierno se propusieron zanjar la votación cuanto antes. Lo hicieron el día 27 de diciembre, nombrando a dos candidatos propuestos por el bloque conservador: César Tolosa y María Luisa Segoviano.

Tras la toma de posesión, el nuevo TC deberá nombrar su presidente (dado que Pedro González-Trevijano deja el puesto vacante). María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido son los candidatos con más papeletas. Queda pendiente la renovación del CGPJ, caducado desde 2018, para que en él se vea reflejada la sensibilidad de un Parlamento que cambiará su composición a finales de 2023. Pero las posiciones cada vez más alejadas entre Sánchez y Feijóo y el año electoral tan intenso que acaba de comenzar no son síntomas nada halagüeños para un acuerdo de esta envergadura.