El Estado español pagó en 2022 indemnizaciones por valor de 3.170.143 euros a perjudicados por el funcionamiento anormal de la Justicia o por errores judiciales y a personas absueltas tras pasar un tiempo en la cárcel de forma preventiva. El importe de estos pagos se incrementó en el último año un 38% respecto al anterior, cuando se abonaron cerca de 2.290.000 euros por estas mismas razones. 

Así lo reflejan datos del Ministerio de Justicia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recoge en este documento. Del total del importe pagado en 2022, el Ministerio que dirige Pilar Llop ha abonado 2,3 millones, mientras que los 840.000 euros restantes corrieron a cargo de los juzgados de los contencioso-administrativo. Un total de 673 personas y empresas iniciaron reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el último año. 

Este procedimiento administrativo, que se dirige directamente al Ministerio de Justicia, es una reclamación que los usuarios de la Justicia pueden presentar cuando consideran que han sido víctimas de un error o de una dilación judicial indebida. También pueden presentarlas los que hayan sufrido una prisión preventiva que se demuestra injustificada. 

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En el último año, el grueso de las reclamaciones presentadas atendían al primer motivo, es decir, a retrasos en el sistema judicial, que llevaron a abrir 382 expedientes. Es la cifra más alta desde el año 2017 y está muy por encima de las 186 reclamaciones presentadas por prisión preventiva indebida y las 105 que se iniciaron por error judicial. 

Estos errores judiciales, para ser objeto de reclamación, deben ser reconocidos expresamente por una decisión judicial. Esto ocurre cuando una sentencia acepta un recurso de revisión o bien cuando el Tribunal Supremo declara el error. Cuando el ministerio paga una indemnización por este asunto, luego puede exigir al juez responsable un reembolso de la misma. 

Las reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, las más habituales, se dan cuando hay una dilación indebida en un proceso judicial o cuando se deterioran bienes bajo la custodia de los órganos judiciales. En los últimos 20 años se han iniciado más de 7.000 expedientes por este asunto. Estos retrasos son cada vez más comunes en España, dada la saturación de trabajo que experimentan a día de hoy los tribunales del país. 

De hecho, según revelan los datos de una encuesta publicada en enero por Metroscopia a petición del CGPJ, casi ocho de cada diez españoles creen que la Justicia es demasiado lenta en este país. Parte de la culpa recae sobre el bloqueo que el Poder Judicial sufre desde hace más de cuatro años a causa de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde que el Gobierno impulsó una ley que impide a este órgano en funciones nombrar los cargos correspondientes en grandes tribunales, estos se han ido vaciando y el trabajo se acumula en sus mesas. 

El propio Tribunal Supremo denunció esta situación a comienzos de año a través de un informe. El texto pone de relieve que el órgano tiene vacantes casi uno de cada cuatro puestos. Según los datos que maneja el alto tribunal, en 2023 sólo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán en el año 2023 unas 1.230 sentencias menos de lo debido. 

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Para más inri, el 24 de enero comenzó la huelga de los letrados de la Administración de la Justicia, encargados de dar fe pública de las actuaciones judiciales y, por tanto, indispensables para que estas se produzcan. Gran parte de este cuerpo está siguiendo la huelga, por lo que desde su comienzo se han paralizado más de 260.000 juicios y más de 350.000 demandas han quedado pendientes de reparto. 

La prisión preventiva indebida cuesta 100.000 € al año

Cuando se decreta el ingreso en prisión de un ciudadano que no ha sido juzgado todavía y el susodicho acaba absuelto o el caso queda sobreseído, puede reclamarse una indemnización. Desde el año 2.000, el estado ha reconocido más de 140 prisiones preventivas indebidas, y ha gastado una media de 103.634 euros al año en las indemnizaciones correspondientes. 

Por cada supuesto particular, el Estado abona una media de 14.805 euros. Esta cantidad varia en función "del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido", según recoge el artículo 294.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).