Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han lamentado que el Gobierno "no tiene ni la más mínima intención de resolver el conflicto" porque quiere "derrotar" al cuerpo al que "ha declarado la guerra".

Tras la manifestación del jueves en Madrid en el marco de la huelga indefinida que empezaron el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales, los LAJ han asegurado que se mantiene un seguimiento de la huelga del 75% en todo el territorio nacional y han denunciado que el Ministerio de Justicia "sigue sin convocar al Comité de Huelga para negociar una salida justa al conflicto".

Asimismo, han aseverado que es una "falsedad" que Justicia esté esperando una "contestación" de los LAJ a su oferta porque "se remitió el pasado 3 de marzo".

"Otra vez más, la única respuesta del Ministerio de Justicia es dejar pasar el tiempo esperando el agotamiento de los letrados", han criticado, para cuestionar al secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, a quien han acusado de estar llevando a cabo una "guerra personal".

También ante la "ausencia" de la ministra de Justicia, Pilar Llop, han instado al Gobierno de España a encargarse de "resolver el conflicto" y le han exigido "convocar inmediatamente la mesa de negociación y comprometerse a una negociación leal y con el respaldo total del Ministerio de Hacienda".

El Gobierno debe "mover ficha"

"La situación seguirá deteriorándose mientras desde la Presidencia del Gobierno se siga tolerando esta situación", han agregado, llamando al Ejecutivo a "mover ficha".

Por otro lado, los LAJ han afeado que el Gobierno "intenta enfrentarlos con la opinión pública con hechos que no se corresponden con la realidad". En este sentido, han tildado de falso que se les haya subido el salario "un 14 o un 15%".

"En noviembre de 2021 se acordó por el Ministerio con los sindicatos una subida salarial de 195 euros, 10 euros más que a los gestores procesales. Esta subida actualizada al IPC de 2022 es de 204 euros, lo cual supone entre el 4,08 y el 6,12% del sueldo. Cualquier otra subida que reciban los LAJ es la misma subida que percibe el propio secretario de Estado de Justicia y, por lo tanto, no es imputable a la adecuación salarial", han precisado.

Además, han acusado al Ejecutivo de "mentir" también por "decir que los LAJ reclaman una subida salarial de 1.100 euros para cada uno de sus miembros": "Esa cantidad ha sido lanzada exclusivamente por el Gobierno, jamás podrá encontrarla la sociedad en ninguna reclamación formulada por el colectivo ni en los Acuerdos de Abril de 2022. No existe ninguna línea roja por parte del colectivo en esa cantidad".

Por otra parte, han advertido al Gobierno de que "no puede pretender que en la octava semana de huelga indefinida, la misma se desconvoque con una oferta que al 15% le reconoce una adecuación salarial de 10 euros al mes y al 60% absolutamente nada". "Esa es la verdad absoluta de la propuesta inamovible del Gobierno de España, y que toda la sociedad puede comprobar", han apostillado.

Por último, han tachado de "ocurrencia" la propuesta del secretario de Estado de Justicia de "modificar las competencias de los LAJ para dárselas a otros cuerpos".

El origen del conflicto

El conflicto deja ya unas 300.000 vistas suspendidas y cerca de mil millones de euros bloqueados por el parón, según los LAJ. Todo tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los LAJ señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

En las ocho semanas de huelga, las asociaciones convocantes han registrado una participación de entre el 85% y el 73%, mientras que Justicia ha observado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.