Han pasado cinco años desde que Julia (nombre ficticio) inició los trámites para repartir el patrimonio adquirido junto a su marido durante el tiempo en que estuvieron casados, y el proceso de liquidación de gananciales se ha convertido en una pesadilla para ella. En octubre del año pasado tenía fechada la vista, pero se canceló y pospuso hasta el 2 de febrero. Así que Julia, que es profesora, pidió un permiso de libranza en su trabajo, cogió el coche y se encaminó hacia el juzgado madrileño donde la vista iba a celebrarse. Y entonces le llegó el aviso. No daba crédito, la vista se había cancelado de nuevo, esta vez porque el letrado encargado de dar fe pública de la actuación estaba en huelga. 

"Entiendo el derecho a huelga de este cuerpo, pero quiero que se respete mi derecho a un juicio justo", declara Julia a 20minutos. Su indignación, como la del resto de los participantes de este reportaje, se percibe claramente desde el otro lado del teléfono. Y como ella, miles de ciudadanos que han visto suspendidos sus juicios son notificados el mismo día de la cita, cuando ya han pedido su permiso en la oficina o se han desplazado de ciudad para asistir a la vista. En multitud de ocasiones, de hecho, el aviso llega a través de un cartel pegado en las puertas del juzgado: 'Juicios suspendidos por huelga de letrados de la Administración de Justicia. Disculpen las molestias'. 

Gran parte de este cuerpo de funcionarios del Estado ha cesado su actividad desde el 24 de enero (más del 70% según el comité, alrededor del 30% si se pregunta al Ministerio de Justicia), con el gravísimo perjuicio que esto causa a la Justicia española. El comité de huelga afirma, según la última actualización de sus datos, que desde esta fecha se han suspendido más de 267.000 juicios. Unos 1.000 millones de euros se han paralizado y 350.000 demandas han quedado pendientes de reparto. Una de estas demandas la presentó la propia Julia, que dice no saber nada del estado de su tramitación. "No tenemos ninguna información, al Gobierno le da igual y a los secretarios también", reprocha la profesora. 

Mientras las tareas se acumulan en los juzgados de toda España, el cuerpo de letrados judiciales negocia sin éxito con el Ministerio de Justicia, institución a la que responsabilizan de los perjuicios ocasionados. Ambas partes se han reunido cuatro veces sin lograr acuerdo alguno y ahora el Gobierno ha lanzado una última propuesta que incluye subidas a los sueldos más bajos. No se sentará a negociar hasta que haya una respuesta, un cambio de postura por parte de los secretarios judiciales. 

La principal reivindicación de los huelguistas es la llamada 'cláusula de reenganche', que consiste en elevar el salario de los letrados hasta que equivalga al 85% del sueldo de los jueces. Una medida que, según calcula el ministerio de Pilar Llop, implica un aumento de 1.100 euros mensuales en cada nómina. Los datos de la cartera de Justicia, corroborados a 20minutos por representantes del comité de huelga, revelan que los salarios de estos trabajadores oscilan a día de hoy entre los 39.000 y los 61.000 euros al año. 

El ministerio considera que esta reclamación es "maximalista" y que se trata de una "huelga de privilegiados", según declaró al diario El País el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. Y los huelguistas no piensan mover ficha, con lo que la situación no parece acercarse a su fin. Mientras tanto, miles de ciudadanos se sienten completamente desatendidos por una Justicia que ya estaba saturada de por sí. 

Entre ellos está Rosendo, que vive pendiente del "mundillo de las subastas" y lleva un año esperando a hacer el ingreso de un bajo subastado en Pinto (Madrid). Rosendo ganó la subasta de este inmueble al que pujó pensando en que su madre, "que ya tiene una edad", se podría mudar allí y olvidarse del quinto piso que habita actualmente en Getafe. "Una vez ganas la subasta, el primer paso es hacer el ingreso", aclara. Este proceso, en teoría, tarda unos treinta días en realizarse, aunque él preveía que pudiera llegar a durar "hasta cuatro meses".

Sin embargo, a punto de cumplirse el año, el trámite permanece parado, una situación que se agrava aún más a causa de la huelga de letrados. "Es un riesgo horrible porque el piso está abandonado, mi madre va a visitarlo cada dos semanas para ver si alguien lo ha okupado", explica a este periódico. 

Isaías, otro de los afectados, tenía una cita en los juzgados de Jerez la Frontera para casarse por lo civil con su pareja. Se preparó y acudió al lugar, pero cuando llegó le dijeron que no iba a ser posible. "¿No os habéis enterado de la huelga de letrados? No os vamos a poder atender", dijeron los empleados del juzgado. Allí les sellaron la documentación para dejar constancia de que habían atendido a la cita y les comentaron que lo mismo le había ocurrido a "cientos de personas" antes que a ellos. "A día de hoy seguimos esperando y sin información, nadie nos da solución", señala Isaías. 

El trabajo de los abogados, en vano

Junto a los usuarios de la Justicia, las firmas legales son las mayores afectadas por esta huelga. En su caso, cuando reciben la notificación de suspensión del juicio, usualmente el mismo día de la cita, ya han hecho todo el trabajo previo. Preparan la vista, acuden al juzgado (en ocasiones teniendo que desplazarse a otras ciudades) y se encuentran con que todo ha sido en vano. Tienen que justificar la suspensión ante el cliente, no podrán cobrar el servicio que no han podido ofrecer y, más aún, tendrán que prepararlo de nuevo cuando se les cite nuevamente. 

En Vestalia, la firma que lleva el caso de Julia, han sufrido más de 25 suspensiones de juicios civiles y penales de familia en poco más de un mes. "Los clientes están desesperados porque todo proceso de familia es importante y urgente. El derecho de los menores debe estar por encima de cualquier otro, puesto que es nuestra obligación el velar por el bienestar de la infancia", señala a 20minutos Delia Rodríguez, abogada de la firma. 

Otra profesional que ejerce en el despacho Cremades Abogados denuncia que "lo más frustrante es la falta de organización". "Los juzgados no te avisan con ninguna antelación, vamos a ciegas, a ver que pasa ese día. Además, no te dan ningún tipo de justificante de que he estado allí y no sabes que decirle al cliente", apunta.