"Está prácticamente hecho". La frase la pronunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para anunciar que la aprobación definitiva de la ley de vivienda está al caer. "Queda muy poco", añadió la vicesecretaria general del PSOE, coletilla similar a la que otros ministros socialistas llevan meses diciendo sobre cuándo dará el Congreso de los Diputados luz verde a un articulado que PSOE y Unidas Podemos sellaron en primera vuelta a finales de 2021, hace más de año y medio, para pactar los Presupuestos de 2022. El optimismo socialista, no obstante, ha durado poco y la historia amenaza con repetirse. O con eternizarse.

La liebre saltó este jueves, cuando El País publicó que el PSOE negocia limitar la subida anual del precio de los alquileres a un 3% durante 2024 y, además, que el Ministerio de Economía apuesta por incluir en la ley de vivienda un índice diseñado ad hoc que establezca cada año el porcentaje que podrían crecer los arrendamientos en sus novaciones anuales. Tras conocerse este movimiento, la parte socialista del Gobierno aseguró que el acuerdo para desbloquear la ley podría incluso llegar en las "próximas horas" porque quedaban "muy pocas cuestiones por cerrar", un optimismo que rechazan taxativamente tanto Unidas Podemos como ERC y EH Bildu, socios imprescindibles para aprobar la ley. 

A grandes rasgos, son dos los asuntos que aún distancian al PSOE, por una parte, y a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, por la otra; se trata de temas de calado que parece imposible que se puedan solucionar en apenas unas horas. El primero de ellos es precisamente el detalle de las medidas que incluirá la ley de vivienda para limitar la subida de los alquileres con la renovación automática del contrato que tiene lugar cada año. Y tampoco hay acuerdo en el otro gran fleco que queda por negociar: la posibilidad de que los pequeños propietarios también estén sujetos a un tope de precios cuando alquilen su vivienda por primera vez. 

El Gobierno negocia limitar un 3% el precio del alquiler hasta que Economía diseñe el tope de precios definitivo de la ley de vivienda

Se trata de dos asuntos diferentes, pero que en su conjunto siguen bloqueando el acuerdo para finiquitar la tramitación de la ley, que hace unas semanas parecía encarrilado pero que ha vuelto a encallar tras la entrada en escena del Ministerio de Economía, que ha recortado sensiblemente el preacuerdo que habían alcanzado verbalmente el Ministerio de Transportes (PSOE) y el de Derechos Sociales (Unidas Podemos). Tal y como confirmó este jueves 20minutos, Economía acepta que, en 2024, los alquileres ya firmados solo puedan subirse un 3% como máximo al renovar automáticamente el contrato cada año. Pero el departamento que lidera Nadia Calviño apuesta por, a partir de 2025, establecer ese tope en función de un índice del que no da detalles. 

Es esa segunda medida la que tiene a Unidas Podemos, ERC y EH Bildu con la mosca detrás de la oreja. Las tres formaciones se muestran dispuestas a negociar un tope diferente al 2% de subida máxima que está en vigor ahora mismo de manera temporal como parte de las medidas anticrisis por la guerra de Ucrania. Pero rechazan de plano que sea Economía, unilateralmente, la que diseñe la fórmula matemática con la que se decidiría el porcentaje máximo de subida anual de los alquileres, ya que sospechan que lo que realmente quiere Calviño es implementar un modelo que permita subidas muy superiores al 2% actualmente fijado como tope. 

Algunas fuentes, incluso, detallan que Economía quiere vincular este índice a la variación de los precios en el mercado inmobiliario, aunque otras aseguran que el ministerio no ha detallado sus planes. En cualquier caso, fuentes de los socios del Gobierno y de Unidas Podemos consultadas por este periódico aseguran que no piensan aceptar que la ley de vivienda no incluya un porcentaje claro para limitar las subidas anuales, que hasta ahora estaban fijadas al IPC. 

Son dos los motivos, señalan estas fuentes, por los que no cerrar ya la fórmula para limitar la subida anual de precios les parece una mala idea. Para empezar, porque eso supondría dar un "cheque en blanco" a Calviño en un asunto, los límites a los propietarios en los precios del alquiler, que ella siempre ha visto con muchas reservas. Y, en segundo lugar, porque nada garantiza que en 2024 el Gobierno que deba diseñar esa fórmula sea de izquierdas, con lo que puede darse la paradoja de que una ley de vivienda aprobada por la actual coalición deje en manos de un posible gobierno del PP establecer el tope de crecimiento anual de los precios.

La segunda de las medidas en las que el acuerdo se ha alejado es la posibilidad de que todas las viviendas ubicadas en una zona tensionada que se pusieran en alquiler por primera vez tuvieran limitado el precio al que estableciera el Gobierno, fuera su propietario un gran fondo o un pequeño particular. El Ministerio de Transportes no vio con malos ojos que la ley de vivienda incluyera una regulación en esa línea, pero, según algunas fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones, la medida se ha topado con la oposición frontal de Calviño.