La fecha límite es el 3 de abril. Ese será el último día del plazo legal para que Les Corts se disuelvan ante la convocatoria de elecciones autonómicas para el 28 de mayo, que coincidirán con las municipales en la Comunitat Valenciana. De este modo, la Cámara legislativa tiene menos de un mes para desatascar hasta cinco leyes pendientes de aprobar, aunque posiblemente solo pueda hacerlo con dos.

De momento, en las últimas semanas ha dado luz verde a las de Bienestar Animal y de la Agencia de Cambio Climático, y todo apunta a que, por los plazos y el recorrido reglamentario, los parlamentarios únicamente tendrán tiempo material para validar la de Viviendas Colaborativas, impulsada por Unides Podem, y la de lucha contra la Despoblación. Más difícil lo tienen los proyectos de ley de Participación, Diversidad Familiar y Comercio Sostenible, aprobadas por el Consell pero sin apenas margen para ser validados por el pleno en lo que queda de mes de marzo.

Aunque el Botànic ha tratado de pisar el acelerador y de reducir al máximo el modo electoral, una estrategia que abandera el PSPV para exprimir los resultados de la gestión y minimizar la precampaña, algunos compromisos del pacto de izquierdas se quedarán en el tintero.

La legislatura, que ha sido atípica primero por la pandemia y después por los efectos de la guerra en Ucrania, ha ido retrasado no solo las citadas leyes, sino tareas pendientes como la renovación de seis órganos estatutarios (entre ellos el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes o el Consell de Transparència) y reformas de calado como la de la Ley Electoral Valenciana para la rebaja de la barrera electoral del 5% actual al 3%.

En este último punto, Ciudadanos resucitó la iniciativa al proponerla su síndica, Mamen Peris, al president de la Generalitat, Ximo Puig, durante su encuentro en el Palau, pero la mayoría de dos tercios necesaria para su aprobación, de la que no disponen uniendo sus votos el Botànic y Ciudadanos, ha acabado por hacer inviable la propuesta.

Según aprobó la última Junta de Síndiques, el último pleno de la legislatura se celebrará el miércoles 29 y el jueves 30 de marzo, lo que supone apurar al máximo los plazos antes de la disolución de la Cámara prevista para el 3 de abril. Inicialmente se preveía que tuviera lugar antes de Fallas y Magdalena, pero la cantidad de asuntos que quedan por abordar ha llevado al Botànic a estirar el calendario. Se trata del conocido como pleno escoba, en el que se ventilan los últimos asuntos pendientes, como la convalidación de decretos ley del Consell o la aprobación de leyes que se encuentren en la última fase de su tramitación parlamentaria.

De las dos leyes con posibilidades de salir adelante, la de Medidas contra la Despoblación pasará hoy por la votación en comisión de las enmiendas. Las principales discrepancias tienen que ver con las reticencias de Compromís frente a la implantación territorial de las energías renovables en zonas en riesgo de despoblación. Por este trámite ya pasó el jueves pasado la ley de Viviendas Colaborativas, por lo que ambas siguen el procedimiento para, en teoría, llegar al último pleno con opciones de ser validadas por la mayoría del Botànic.

Los grupos de izquierdas tienen asumido que las leyes de Diversidad Familiar y Comercio Sostenible, aprobadas por el pleno del Consell el pasado 20 de enero, no llegarán a tiempo, por lo que deberán volver a presentarse durante la próxima legislatura.

El control a Puig, en el aire

Una de las incógnitas de cara al último pleno de la legislatura es si incluirá la habitual sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig. En principio, los grupos del Botànic no prevén que se añada este punto al orden del día, lo que provocó el rechazo de la oposición, que exige la presencia del jefe del Consell para realizar un balance de la legislatura y someterse a las preguntas de los grupos. El PP, además, insiste en activar la investigación del caso Azud.