Hubo un Gobierno en España que, en 1995, se atrevió a reformar todo el Código Penal. Afrontó un cambio en la definición de las violaciones, de los delitos de corrupción, de los hurtos y los robos... Cambió más de un centenar de penas. Y lo hizo sin un voto en contra y sin salidas masivas de presos ni choques con los tribunales. Esa reforma la impulsó un Consejo de Ministros de 16 personas, con un único juez, Juan Alberto Belloch. Más de 25 años después, un Consejo de Ministros de 23 personas, tres de ellos jueces (que no queda muy claro si han opinado), ha impulsado la reforma de dos capítulos concretos del CP —el de los delitos sexuales y el de la malversación—, con un resultado que el propio Gobierno reconoce como un fracaso. A veces, menos es más.