La legislatura se aproxima a su recta final y el PSOE tiene guardadas en un cajón varias leyes que Unidas Podemos quiere intentar aprobar antes de las próximas elecciones. Por ello, los morados solicitaron este lunes por escrito a los socialistas que desbloqueen en el Congreso la tramitación de siete normas que, en el peor de los casos, llevan atascadas en la Cámara Baja dos años y medio sin registrar ningún avance. Entre ellas se encuentran dos relativas a dos asuntos muy sensibles para la coalición: la regulación de los secretos oficiales, que el Gobierno ha prometido reformar antes de fin de año, y la eliminación del Código Penal de delitos de expresión como las injurias a la Corona.

La petición de Unidas Podemos no pasa por llevar nuevas leyes al Congreso, sino por desbloquear siete textos que llevan muchos meses empantanados allí a base de prórrogas artificiales del plazo de enmiendas. Esa técnica es un clásico del filibusterismo parlamentario y la han utilizado mayorías de todo signo político: cuando se busca que la tramitación de una proposición o un proyecto de ley no avance una vez ha comenzado, lo más sencillo es extender semana a semana el periodo en el cual los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas con el objetivo de que, en la práctica, la iniciativa quede congelada.

Son decenas las proposiciones de ley que están en esta situación actualmente, aunque Unidas Podemos pide expresamente que se desbloqueen siete, de particular importancia para la coalición. Quizá la ley más señera de las que los morados quieren reactivar sea la reforma de la ley de secretos oficiales, planteada por el PNV y que el Gobierno decidió paralizar en el Congreso argumentando que iba a presentar su propio proyecto de ley. Dos años y medio después, no obstante, ese texto se encuentra en fase de anteproyecto, ni siquiera ha llegado al Congreso y parece poco probable que lo haga en pleno ciclo electoral.

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La segunda de las leyes que Unidas Podemos quiere desbloquear es una de las viejas aspiraciones de los morados que, en principio, el PSOE no veía con malos ojos: la reforma del Código Penal para eliminar del mismo varios delitos de expresión. Entre ellos se encuentran las injurias a la Corona, pero también los delitos contra los sentimientos religiosos, las ofensas o ultrajes a España y sus símbolos y el delito de injurias contra las instituciones del Estado. Asimismo, Unidas Podemos busca eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque introduciendo el agravante de cometer cualquier delito contra alguien "por razón de ser víctima del terrorismo" para evitar la desprotección de las mismas.

En lo relativo al contenido de la iniciativa no debería haber demasiados problemas entre ambos partidos para llegar a un acuerdo, habida cuenta de que en 2021 los socialistas votaron a favor de tramitar la proposición de ley y de que prometieron que el Ministerio de Justicia prepararía su propia reforma. Pero de esa iniciativa del Gobierno no ha habido noticias, y tampoco se ha avanzado en el Congreso con la proposición de ley planteada por Unidas Podemos, que lleva desde septiembre de 2021 sin registrar ningún avance.

Bebés robados y sanidad

Los morados, de igual forma, incluyen en su petición al PSOE la proposición de ley de bebés robados, que ha sido objeto de nada menos que 97 ampliaciones del plazo de enmiendas desde el 17 de septiembre de 2020. La semana pasada, la asociación Todos los niños robados son también mis niños se congregó a las puertas del Congreso para pedir que se reactive la tramitación de esta iniciativa que busca reconocer el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de este crimen del franquismo, y la secretaria de Estado de Agenda 2030 y número 3 de Podemos, Lilith Verstrynge, aseguró entonces que "es urgente" desbloquear la situación porque "no puede ser" que "no se le dé respuesta a las familias".

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De las otras cuatro proposiciones de ley que Unidas Podemos ha reclamado reactivar, una busca establecer medidas para frenar la morosidad y tres tienen que ver con la sanidad, que se ha convertido en un motivo de preocupación de primer orden para los españoles, según el CIS. La primera de las propuestas es la ley de salud mental, con la que los morados quieren fijar una ratio mínima de 18 psicólogos y 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, el triple que la actual. La segunda es la ley de seguridad del paciente, que busca algo muy similar: establecer una ratio mínima de enfermeras por número de pacientes. Y, en tercer lugar, se encuentra la ley de la ELA, planteada para agilizar los trámites para obtener la discapacidad y garantizar cuidados domiciliarios a los pacientes de esta enfermedad neurodegenerativa.