La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cifra el ahorro que supondrá para las familias la rebaja del IVA de los alimentos en una media de algo menos de 40 euros por hogar durante los seis primeros meses del año. Por ello, en su lugar, la entidad aboga por impulsar ayudas directas y selectivas que tengan un mayor impacto sobre las familias con menos ingresos y, a la vez, supongan un menor coste para las arcas públicas. Así lo señala un informe publicado este lunes y elaborado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, que analiza la situación económica y la respuesta dada por España a la crisis provocada por la guerra en Ucrania.

La entidad calcula que la rebaja del IVA de los alimentos, que entró en vigor el 1 de enero, tendrá un coste fiscal de 700 millones de euros, de los cuales solo un 31% se traducirá en ahorro para los hogares de menor renta. En el último Consejo de Ministros de 2022, el Ejecutivo redujo el gravamen del aceite y la pasta del 10% al 5% y suprimió el IVA superreducido del 4% que se aplica a alimentos de primera necesidad, como el pan, la leche, las harinas, los quesos, los huevos, las frutas y las verduras. Esta medida pretende aliviar el coste de la cesta de la compra tras la escalada de los últimos meses en el precio de los alimentos, que registraron en diciembre una inflación del 15,7%, la tasa más elevada de la serie histórica.

"Si sustituyéramos la rebaja del IVA por ayudas directas concentradas en el 40% de los hogares con menores ingresos, el coste de la medida se reduciría a un tercio del actual o, alternativamente, podríamos multiplicar por tres la ayuda media por hogar beneficiario con el mismo coste", defiende el informe. De este modo, desde Fedea proponen poner en marcha medidas dirigidas a sectores concretos de la población, para aumentar su impacto. Al tratarse de un impuesto indirecto, el IVA supone una carga fiscal más elevada para los hogares con menores rentas.

Bajo ese mismo razonamiento, Fedea considera "muy positivo" que el Gobierno haya redirigido la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible a los profesionales del sector del transporte, del naviero y a los de la pesca y la agricultura, en lugar de aplicarse con carácter general a todos los conductores, como ocurría hasta la entrada del año. Según argumenta el informe, este acotamiento de la ayuda supone un ahorro "sustancial" de recursos públicos y mejora el impacto distributivo de la medida.

El IVA, el impuesto que más aumenta la desigualdad en la renta de los hogares

En todo caso, la entidad añade que "sería importante asegurarnos de que tales ayudas llegan con rapidez a todos sus destinatarios, incluyendo los menos informados". Así pues, entiende necesario "invertir en un sistema que permita realizar con rapidez envíos de fondos, vía transferencia o menores retenciones del IRPF, a colectivos determinados de acuerdo con condiciones objetivas, como nivel de renta y el tamaño del hogar, sin necesidad de que las personas elegibles tengan que realizar una solicitud expresa, lo que retrasa la llegada de las ayudas y tiende a dejar sin ellas a muchos de los que más las necesitan".

Nuevos impuestos

Asimismo, el documento se refiere igualmente a los nuevos impuestos a las empresas energética, la banca y las grandes fortunas. "Las medidas más problemáticas adoptadas en los últimos meses han sido de carácter tributario", afirma en ese sentido. Fedea tilda de "apresurado y nada ortodoxo" el procedimiento empleado para la tramitación de estos gravámenes. "Con el fin de evitar los informes y filtros habituales, la norma se ha tramitado como proposición de ley, en lugar de como proyecto de ley, y se ha llegado incluso al extremo de crear una nueva figura tributaria en pocos días y sin filtro alguno a través de una enmienda a un texto ya en estado avanzado de tramitación en el que nada se decía sobre ella", afea el informe.

Más allá del procedimiento, la entidad califica los nuevos impuestos como "muy cuestionables" y subraya su "flagrante arbitrariedad", al atañer a sectores concretos elegidos "a dedo". "No respetan el principio de igualdad y no se ligan a factores objetivos, fundamentándose sólo en meras presunciones y en prejuicios ideológicos, en clara violación de la Constitución y de la Ley General Tributaria", critica. Por contra, Fedea considera que la regulación comunitaria sí da cabida a un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas "calculados con criterios claros" e invita a seguir ese ejemplo.