Hace un año, España se vio relegada a la categoría de "democracia defectuosa" en el informe anual elaborado por el grupo mediático The Economist. Se levantó bastante revuelo, pues ese tipo de juicios externos afectan a nuestra baja autoestima. Ahora, sin embargo, hemos vuelto a obtener una puntuación de 8 sobre 10, con lo que, según este índice, volvemos a ser una "democracia plena", categoría que compartimos junto a otros 23 países que, llamativamente, solo representan el 8% de la población mundial. La inmensa mayoría del planeta no vive en democracias, sino bajo dictaduras, siendo China la de mayor peso demográfico y económico. Otro dato del informe es que desmiente que la república sea necesariamente mejor que la monarquía constitucional, pues el 83% de los regímenes autoritarios son repúblicas, mientras el 40% de las democracias plenas tienen a un monarca como jefe del Estado.

Que seamos de nuevo una democracia plena no significa que sea sobresaliente. Nunca hemos alcanzado la puntuación de los países nórdicos, Holanda, Suiza o Irlanda, con un 9. El informe señala que, pese a la reciente mejora en calidad democrática, la tensión entre partidos sigue muy alta, y que "los escándalos políticos y el separatismo catalán siguen planteando desafíos a la gobernabilidad". En Cataluña, por ejemplo, solo el 18% de los ayuntamientos, que por fortuna es donde vive la inmensa mayoría de la población, exhibe la bandera española junto a la señera, según el pormenorizado informe de la entidad Impulso Ciudadano. En democracia, los símbolos también importan, así como el respeto a los derechos lingüísticos de todos, que también son vulnerados en Cataluña, pues no se cumple ningún mínimo de asignaturas en castellano en la escuela, una anomalía que próximamente el Parlamento Europeo examinará para enfado de los nacionalistas.

Nuestra democracia se encuentra entre 
las dos docenas mejores del mundo, 
pero está lejos de la excelencia

Al lado de esas cuestiones, hay otras generales de enorme gravedad. La principal es detener el deterioro de las instituciones, consecuencia del partidismo. Se ha renovado finalmente el TC, pero todavía no el CGPJ. El PP sigue en el bloqueo. No se puede torpedear la legalidad con tácticas filibusteras. Tampoco desde el Gobierno se puede atacar a la judicatura, como hacen las ministras de Unidas Podemos. El respeto a todos los poderes públicos y a su independencia es esencial. Por otro lado, si se aprueban leyes por razones coyunturales o con escaso rigor jurídico, también se deteriora la calidad democrática. Y, finalmente, es imprescindible la actitud crítica de la ciudadanía en defensa del Estado social y de derecho. Nuestra democracia se encuentra entre las dos docenas mejores del mundo, pero está lejos de la excelencia. Y, si no la cuidamos, volverá a ser defectuosa.