El Grupo Parlamento Popular, y la senadora de Ciudadanos, Ruth Goñi, ya han registrado la solicitud en la Cámara Alta para abrir una comisión que investigue el 'caso Azud', la presunta trama de financiación ilegal con la que el PSOE llevaría "financiándose ilegalmente en la Comunitat Valenciana desde los albores mismos de nuestra democracia y concurrir dopados a las elecciones". En su escrito, advierten de que el caso afecta directamente al presidente Ximo Puig desde mayo de 2015 y a dirigentes políticos y cargos electos socialistas a nivel nacional.

Los firmantes buscan llegar al fin del asunto que tanta "inquietud e indignación" está generando entre los ciudadanos, y en caso de demostrarse ciertas, exigir "responsabilidades políticas". La denuncia basa sus sospechas un documento interno datado el 11 de octubre de 1979 de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE dirigido a todos los compañeros socialistas que formaban parte del grupo de concejales socialistas.

En este "se daban instrucciones para que, al igual que otras federaciones del partido, los concejales y alcaldes debían garantizarse el control de contrataciones, licitaciones y subastas, al objeto de poder concurrir a ellas. Así, de ese modo, "convertirían los pagos públicos en una fuente extra de financiación del partido", recoge el documento ya registrado en el Senado.

De acuerdo con el argumento, basado en dicho documento, esos contratos "debían canalizarse a través de empresas privadas, refiriéndose, claro está, a empresas que servían de tapadera o sociedades controladas de tal manera que se pudiesen repartir las ganancias. Asimismo, continúa marcando la directrices para hacerse con esos contratos y añade que no se trata de una práctica exclusiva de la Comunitat Valenciana".

Los firmantes concluyen así que se trata de "la creación de un entramado político-empresarial del PSOE para delinquir, detraer dinero público para financiar ilegalmente al PSOE en toda España y, por tanto, vulnerar el ordenamiento jurídico vigente; ocultar cantidades ingentes al Tribunal de Cuentas; concurrir dopados a las elecciones que en estos casi cuarenta años se han producido e utilización en interés partidista de las instituciones; malversación de caudales públicos entre otras".

Además, los firmantes advierten de que este asunto "no se circunscribe solo a la Comunitat Valenciana", sino que tiene ramificaciones que afectan a dirigentes políticos y cargos electos socialistas a nivel nacional. "Comisiones de hasta el 6% procedente de la adjudicación de obra pública y pago de facturas de las campañas electorales del PSPV por parte de empresas adjudicatarias de contratos públicos".

Ante "la auténtica caja B de financiación ilegal del PSOE", el PP y la senadora de CS creen que su solicitud está más que justificada. Pues se trata de un asunto de "interés público, que ha creado una alarma social importante", más aún -dicen- cuando es este el partido que gobierna en la Comunidad Valenciana.