El gasto en pensiones se dispara tras aplicarse la subida del IPC del 8,5% y alcanza este mes la cifra récord de 11.902 millones

Evolución del gasto mensual en pensiones contributivas (datos hasta enero de cada año).
Evolución del gasto mensual en pensiones contributivas (datos hasta enero de cada año).
Carlos Gámez
Evolución del gasto mensual en pensiones contributivas (datos hasta enero de cada año).

La revalorización de las pensiones con la inflación ha disparado la nómina del sistema hasta los 11.902 millones de euros mensuales. Un nuevo récord que ha elevado la prestación media por jubilación que se cobra en España hasta los 1.368 euros mensuales en 14 pagas. Así se desprende de los datos del gasto mensual en el sistema de pensiones contributivas que la Seguridad Social ha difundido este martes, el primer informe que ya tiene en cuenta la subida acometida en 2023.  

La actualización de las prestaciones conforme al IPC ha disparado la nómina total del sistema un 11% en un solo mes, un incremento sin precedentes en los últimos 30 años. En este sentido, conviene recordar que la revalorización no es el único factor que influye sobre los costes del sistema. La entrada de nuevos pensionistas con prestaciones más altas que las de sus predecesores eleva el incremento por encima del 8,5% al que asciende la revalorización. Para poner en contexto la dimensión de la subida, el gasto en pensiones creció un 9,6% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022. Es decir, el salto que ha provocado la revalorización con el IPC en 2023 supera el que se produjo entre los dos años anteriores.

Por poner un ejemplo de lo que suponen esos 11.900 millones en términos presupuestarios, el Estado gasta mensualmente en pensiones públicas una cantidad similar a la que pretende invertir en fomento del empleo y acceso a la vivienda en todo 2023 (esas dos partidas suman 11.500 millones). 

En todo caso, conviene recordar que la mayor parte de la nómina de las pensiones se paga a través de las cotizaciones a la Seguridad Social que trabajadores y empresas abonan cada mes en su nómina. Si bien es cierto que una parte nada desdeñable del gasto anual (en torno a 25.000 millones en 2023) se sufraga vía presupuestos, es decir, fundamentalmente a través de impuestos que pagan los contribuyentes.

Según los datos que proporciona Seguridad Social, siete de cada diez euros de gasto se van a sufragar las pensiones jubilación, cuya nómina se eleva hasta los 8.649 millones de euros mensuales. La pensión media de jubilación asciende ya a 1.368 euros al mes en 14 pagas, un 9,8% más que el pasado diciembre. Tras las jubilaciones, las pensiones de viudedad (a las que se destina 1.996 millones) son la prestación que más gasto supone al sistema, seguidas de las de incapacidad permanente (1.062 millones), las de orfandad (162,5 millones) y las prestaciones en favor de familiares (31,2 millones).

Sin embargo, la cifra de pensión media de jubilación no refleja bien las fuertes desigualdades que existen en el sistema. Aunque la prestación media ronda los 1.400 euros al mes, la mitad de las pensiones que hay dadas de alta en el sistema son de una cuantía igual o inferior al salario mínimo interprofesional (14.000 euros en 14 pagas). De hecho, en diciembre el 62% de las prestaciones eran más bajas que la jubilación media.

Evolución del gasto mensual en pensiones contributivas (datos hasta enero de cada año).
Evolución del gasto mensual en pensiones contributivas (datos hasta enero de cada año).
Carlos Gámez

Además, entre las pensiones que sí superan el SMI, hay una concentración importante de jubilados en torno a la prestación máxima (2.819 euros al mes en 2022). En concreto, el 8% de las pensiones de jubilación en diciembre del año pasado superaban los 2.700 euros al mes.

Estas diferencias condicionan por completo la estructura de costes del sistema. La mitad de las pensiones en vigor en diciembre eran más bajas que el SMI, pero apenas suponían el 27% del gasto de la nómina mensual del sistema. En cambio, aunque solo el 8% de las pensiones superaba los 2.700 euros en ese mes, suponían alrededor del 18% del gasto del sistema.

El reto de garantizar un sistema sostenible y suficiente

España gasta en pensiones una cantidad equivalente al 11,7% de su PIB, lo que convierte a esta partida en la más abultada de todos los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En concreto, el sistema de pensiones supone el 42% del gasto no financiero contenido en las cuentas públicas para este 2023. Aunque, conviene recordarlo de nuevo, la mayor parte del sistema se financia gracias a las cotizaciones sociales de los trabajadores y no a los impuestos.

Las previsiones demográficas para los próximos años, en los que la generación del baby boom (los nacidos entre 1957 y 1977) se irán jubilando progresivamente. La entrada de los boomers en el sistema supone un reto a medio plazo para la sostenibilidad del mismo. No en vano, son el grupo de edad más numeroso de la pirámide de población y además sus pensiones iniciales de jubilación son más elevadas, pues han tenido trayectorias profesionales más largas y estables (especialmente en el caso de las mujeres) que las de sus antecesores. 

Un desafío que es común al de otros vecinos europeos, pero que en España llega con algo de retraso por el tardío estallido de la natalidad en comparación con otros países. Es por eso que el Gobierno está trabajando en una reforma del sistema que garantice no solo que las pensiones son suficientes para una vida digna, sino que también son sostenibles en el futuro. 

Una reforma comprometida con Bruselas y que los sindicatos y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, siguen todavía negociando. La medida principal para garantizar la sostenibilidad que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Una subida de 0,6 puntos en las cotizaciones sociales que el Gobierno aprobó en 2021, pero que ha entrado en vigor este año y estará funcionando en principio hasta 2032. El Gobierno pretende destinar lo que se recaude con esta medida a llenar la maltrecha hucha de las pensiones. Escrivá arguye que así se podría contar con un colchón suficiente para garantizar las pensiones en los próximos años.

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