España y Portugal han pedido miércoles a la Comisión Europea una prórroga del mecanismo ibérico que en los dos países ha contenido y abaratado el precio de la electricidad y que si no hay otra decisión dejará de aplicarse el 31 de mayo. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el ministro portugués de Transición Ecológica, Duarte Cordeiro, se han reunido en Bruselas con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, responsable de autorizarlo el año pasado y a quien corresponde dar visto bueno a una eventual extensión. Para ello, los ministros han subrayado el "éxito" que ha supuesto el tope al precio del gas para producir electricidad  y han expuesto cifras que apoyan esa afirmación. En el caso español, Ribera ha apuntado los más de 4.500 millones de euros que desde junio se han ahorrado los consumidores españoles.

La de este miércoles ha sido una primera reunión formal desde que Ribera anunciara hace unas semanas la intención del Gobierno de pedir una prórroga del mecanismo ibérico, en principio hasta finales de 2024 o hasta que haya un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico de la UE. Según dijo, la pretensión española es que en esta prórroga precio máximo para el gas que se utiliza para generar electricidad se sitúe entre los 45-50 euros MWh, una horquilla dentro de la que queda el tope medio durante el año autorizado para la excepción ibérica, de 48 euros de promedio. Para ello lograr esa prórroga, se ha reunido con Vestager, que es la responsable comunitaria de autorizar las ayudas de Estado que los gobiernos pueden dar a sus empresas y sectores, el procedimiento por el que en abril del año pasado Bruselas dio luz verde al mecanismo ibérico. Como condición, el Gobierno español se comprometió a reformar la tarifa regulada de electricidad, el PVPC, algo que todavía no ha aprobado.

Reunión constructiva sin decisión

Fuentes de Transición Ecológica hablan de una reunión "constructiva" y positiva" de una hora y media de duración en la que los dos ministros han analizado con la comisaria cómo ha funcionado el mecanismo y han subrayado el "éxito" que ha supuesto desde su entrada en vigor en junio. Desde entonces, se ha logrado contener y abaratar el precio de la luz en comparación con los precios de otros Estados miembros, debido a que logra separar el elevado precio de la electricidad que se genera con gas natural del que se produce con otras tecnologías mucho más baratas, como las renovables. Para demostrarlo, Ribera ha presentado a Vestager algunas cifras, entre ellas, que el tope al precio del gas ha permitido desde junio un ahorro a los consumidores españoles de 4.577 millones hasta el 8 de enero.

De esta primera reunión no ha salido una decisión por parte de Bruselas de si permitirá seguir aplicando el mecanismo ibérico más allá de mayo porque fuentes comunitarias precisan que de momento España y Portugal no han hecho todavía una solicitud formal. El equipo de Ribera ha calificado el encuentro de "positivo" y "constructivo". Ahora, espera que la Comisión analice los argumentos y cifras que han aportado Ribera y Cordeiro para tomar una decisión, para la que Transición Ecológica subraya que no existe ningún plazo concreto.

El Gobierno espera que la Comisión analice los argumentos y cifras que han aportado Ribera y Cordeiro para tomar una decisión, para la que Transición Ecológica subraya que no existe ningún plazo concreto. La autorización del año pasado requirió de más de dos meses de trámites. En este caso, un portavoz de la Comisión ha afirmado que esta institución es "muy consciente de las dificultades que ha provocado la crisis energética como consecuencia del injustificado ataque de Rusia a Ucrania y está dispuesta a evaluar urgentemente la compatibilidad de las medidas de emergencia [con las reglas de ayudas de Estado] en este contexto".

Petición de una ayuda de Estado

Sobre el procedimiento y en términos generales, la Comisión Europea recuerda que corresponde a los Estados miembros evaluar si una determinada medida supone una ayuda de Estado y, en ese caso, debe solicitarla a la Comisión, para que determine si puede autorizarla o no.

Esto es lo que ocurrió entre abril y mayo del año pasado, cuando la Dirección General de la Competencia que dirige Vestager dio luz verde a una ayuda de Estado por valor de 6.300 millones en España, que es lo que calculó que costaría la compensación que había que pagar a los generadores de electricidad con gas por la diferencia entre el precio limitado -40 euros megavatio/hora durante los primeros seis meses, después cinco euros más cada mes hasta llegar a una media anual de 48 euros en mayo- y el precio real del mercado. El diseño del mecanismo contempla que ese ajuste es pagado por los consumidores en función de su consumo, primero por los que tienen tarifa regulada de luz y después y progresivamente por el resto, a medida que revisen sus contratos en el mercado libre.