Los sindicatos han arrancado 2023 con nuevas exigencias al Gobierno en la negociación de la segunda pata de la reforma del sistema público de pensiones. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, plantea ahora rebajar de los 15 años actuales a 12 el periodo de cotización mínima para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación y que se elimine el requisito de haber cotizado al menos dos años en los 15 anteriores a la fecha de jubilación para tener derecho a una pensión. Conviene recordar que los trabajadores que se jubilan tras haber cotizado 15 años reciben solo un 50% de lo que les correspondería si hubieran cumplido el mínimo de cotización actual para cobrar la pensión completa (actualmente 37 años y seis meses).

"No hay ningún país europeo que exija 10 años mínimos cotizados para acceder a la pensión", ha señalado Pepe Álvarez en un desayuno informativo en el que el secretario general ha desarrollado las principales líneas de actuación del sindicato para 2023. El líder sindical no ha hecho referencia a los costes que tendría para el sistema rebajar a 12 años el mínimo de cotización. En cambio, si ha comentado que eliminar la exigencia de los dos años tendría "poca trascendencia económica".

Además, UGT reclama también que se reduzcan las penalizaciones a la jubilación anticipada que sufren los trabajadores con trayectorias laborales especialmente largas. La normativa actual recoge penalizaciones de hasta el 17% para los trabajadores que decidan prejubilarse, aunque hayan cotizado más de 41 años. De igual manera, instan al Gobierno a que tome medidas para mejorar la pensión que reciben las personas que han sufrido lagunas importantes de cotización (años en los que no han podido cotizar por circunstancias como, cuidado de hijos, desempleo...) en su carrera.

Las propuestas de UGT introducen un nuevo paradigma en la mesa de negociación. Hasta ahora, las conversaciones de la segunda pata de las pensiones se habían centrado en dos grandes cuestiones: la ampliación del periodo de cómputo para calcular la jubilación y el 'destope' de las bases máximas de contribución. Los sindicatos rechazan de plano la primera de estas medidas, pues arguyen que implicaría una reducción en la pensión inicial y exigen al Gobierno que sea más ambicioso en la ampliación de las bases máximas. 

Plazos ajustados

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, el departamento del Gobierno encargado de la negociación de la reforma, confía en cerrar el texto antes de que acabe el mes. Un plazo que el secretario de UGT no ven tan claro. "El acuerdo no es inminente", ha subrayado Pepe Álvarez, quien ha deslizado que podría producirse "en los próximos meses". 

La cuestión de los plazos no es menor, pues la segunda pata de la reforma es un compromiso de España con la Comisión Europea y debería haberse cerrado ya en diciembre del año pasado. De que esta reforma llegue a buen puerto depende parte de los 10.000 millones de euros del primer desembolso de los fondos europeos para este año. Un dinero que está previsto que España solicite antes de que acabe marzo. 

A qué edad será posible acceder a la jubilación en 2023 para cobrar el 100% de la pensión

Pepe Álvarez ha incidido en que solo darán su visto bueno a la reforma si hay un acuerdo social y si el texto que salga de la mesa no sufre cambios sustanciales durante la tramitación parlamentaria. De igual manera, el secretario general de UGT insiste en que esta segunda pata de la reforma "en ningún caso" deberá suponer recortes en el gasto en pensiones. "Es una cuestión de encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero", ha destacado Álvarez. Algo de lo que el líder sindical desconfía por el momento, a juzgar por los documentos que ha presentado hasta ahora Escrivá. 

Exigen al Gobierno que suba el SMI de manera inmediata

Pepe Álvarez ha reprochado también al Gobierno que todavía no se haya aprobado la subida del salario mínimo cuando ya han transcurrido tres semanas desde que el grupo de expertos del Ministerio de Trabajo presentara su informe, en el que proponía elevarlo a una horquilla entre 1.046 y 1.082 euros mensuales en 14 pagas. 

"Estamos a 9 de enero y no se ha subido el SMI. Es un atípico que no tiene ningún tipo de justificación. Exigimos al Gobierno que de manera inmediata proceda a la subida del SMI. No hay excusas de ningún tipo para no hacerlo", ha defendido el líder sindical de UGT. "Quiero que el Gobierno sea consciente de que para nosotros el SMI no es una cosa menor", ha agregado. 

Álvarez ha vuelto a defender que el salario mínimo se eleve hasta los 1.100 euros mensuales, una cifra en principio por encima de la horquilla que proponen los expertos de Trabajo, pero que, según su criterio, sería alcanzable haciendo una "interpretación adecuada" del informe. La horquilla que estimaron los expertos designados por Yolanda Díaz se estimó teniendo en cuenta el salario medio de 2022, que previsiblemente será menor que el que se registre este año. El propio comité pidió tener ese efecto en cuenta a la hora de decidir la cifra final.  

Piden fórmulas para contabilizar a los fijos discontinuos

Finalmente, el secretario general de UGT se ha sumado a las recientes peticiones de investigadores y ha reclamado al Gobierno que encuentre "fórmulas" para saber cuántos fijos discontinuos están en los registros. "Sé que no es fácil, pero sería bueno que se les pudiese situar", ha defendido. Álvarez considera que los trabajadores fijos discontinuos -que no se incluyen como desempleados en los registros de Trabajo, aunque no estén trabajando en ese momento- son "una minoría muy importante" de los contratos indefinidos. En todo caso, el líder sindical ha rechazado la tesis de que las cifras de desempleo estén maquilladas, algo que, considera, queda desmontado cuando se analizan los datos de paro de la Encuesta de Población Activa (EPA).