Cambia el año, pero se mantiene una de las pugnas más clásicas dentro del Gobierno: la relativa a la subida del salario mínimo. Como ha ocurrido todos los inicios de curso durante la legislatura, esta será la primera negociación que tendrán que abordar PSOE y Unidas Podemos en 2023, aunque las posiciones están claras desde finales de diciembre y las reuniones con los agentes sociales ya han comenzado. Como ya es tradición, las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, respectivamente, tienen propuestas radicalmente opuestas. Y aunque quedan varias semanas para negociar, algunas de las fuentes consultadas consideran que, ante posturas tan contrapuestas, será el presidente Pedro Sánchez el que deba determinar cuánto aumentará el salario mínimo.
El calendario electoral que se avecina ha provocado que, este año, la pugna entre Díaz y Calviño por el aumento de este indicador esté teniendo lugar de manera soterrada. Lejos quedan las declaraciones de años anteriores de la vicepresidenta económica pidiendo contención en el incremento del salario mínimo o que se aplazara esa subida: este año, en público, Calviño se ha mostrado desde el principio dispuesta a elevar el suelo salarial, que desde el año pasado se encuentra en 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas.
No obstante, esas reticencias por parte del Ministerio de Economía existen, y han quedado plasmadas por escrito. El informe del comité de expertos del Gobierno que presentó Díaz hace unas semanas planteaba un aumento de entre 46 y 82 euros del salario mínimo en 2023 con un doble propósito: compensar el aumento de los precios registrado el año pasado y alcanzar el objetivo -recogido en el pacto de coalición- de dejar el salario mínimo en el equivalente al 60% del salario medio al final de la legislatura. Pero, en ese mismo informe, Economía incluyó un anexo en el que proponía un aumento menor, de tan solo 30 euros, que serviría para cumplir con ese segundo objetivo, aunque no con el primero.
Esta divergencia entre Calviño y Díaz ha llevado a que el Gobierno aún no haya propuesto una cifra concreta a patronal y sindicatos para elevar el salario mínimo, aunque la vicepresidenta segunda ha expresado en numerosas ocasiones que, a su juicio, la inflación debe ser uno de los factores que más pese a la hora de definir la cuantía de la subida. Trabajo, de hecho, aspira a que el incremento ronde el IPC, que cerró 2022 en el 8,4%: apenas un par de décimas más que la subida del 8,2% que proponen los expertos en su informe como cifra máxima para el aumento del salario mínimo.
De hecho, en la primera reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales, celebrada el pasado 21 de diciembre, Trabajo se limitó a presentar el informe de los expertos y a escuchar las propuestas de los sindicatos, ya que la patronal se negó a acudir al encuentro y envió su sugerencia por escrito: una subida del 4% hasta los 1.040 euros mensuales. Las centrales, por su parte, llevan meses proponiendo dejar el salario mínimo en 1.100 euros, aunque algunas fuentes señalan que aceptarían un aumento de 82 euros, el máximo que plantea el comité de expertos.
Una subida marcada por la precampaña
Con la llegada de las fiestas navideñas y la paralización durante unos días de la vida política, las partes no han vuelto a reunirse. Está previsto que lo hagan de nuevo en enero, aunque no hay todavía una fecha fijada. Y lo cierto es que las fuentes consultadas consideran que no serán necesarias muchos más encuentros: las posiciones de cada actor en la negociación están muy claras y definidas y, a diferencia de documentos complejos como los ERTE o la reforma laboral, la subida del salario mínimo es técnicamente muy sencilla. Únicamente queda decidir cuál será la cuantía.
Esa decisión la tomará exclusivamente el Gobierno, por mucho que haya recabado la opinión de un comité de expertos y haya iniciado consultas con los agentes sociales. Y, habida cuenta de que sus vicepresidentas tienen posturas opuestas sobre el tema, deberá ser el presidente Sánchez el que pacte y decida la cuantía del incremento, según consideran algunas de las fuentes conocedoras del contenido de la negociación. Por ahora, sin embargo, Sánchez no ha ofrecido ninguna concreción y se ha limitado a mostrar su compromiso con una nueva subida del salario mínimo.
La idea del Gobierno, en cualquier caso, es que el incremento tenga carácter retroactivo y los trabajadores que cobran el sueldo mínimo puedan empezar a disfrutar de la subida ya en la nómina de enero, por lo que la decisión deberá cerrarse en las próximas semanas, a más tardar. Será, además, la carta de presentación de un Ejecutivo que, con la llegada de 2023, se sumergirá de lleno en una larga precampaña electoral que tendrá dos hitos: las elecciones autonómicas y municipales de mayo y las generales, que -si Sánchez no decide adelantarlas- tendrán lugar el próximo invierno.
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