La política catalana afronta un año nuevo fundamental para la aprobación de los presupuestos que permitan, entre otras cuestiones de calado para la sociedad y la economía de la comunidad, afianzar el actual mandato del president Pere Aragonès (ERC). Este sufrió un importante revés al romperse la coalición soberanista en la Generalitat con el abandono de Junts en octubre –tras votarlo sus bases– debido a su rechazo a la vía de diálogo abierta por los republicanos con el Gobierno de Pedro Sánchez para desatascar el conflicto catalán.
Este cisma dejó a Aragonès con solo 33 diputados en el Parlament e hizo saltar por los aires los presupuestos que había elaborado el conseller posconvergente Jaume Giró. La tormentosa ruptura de la alianza soberanista obligó a reorganizar el ejecutivo de ERC con consellers independientes procedentes de la órbita del PSC y de CatalunyaEnComú. Así como a abrir una ronda de contactos con Junts, socialistas y comuns para aprobar unas nuevas cuentas que aún no se han cerrado, y a las que de momento solo se ha adherido la formación morada liderada por Jéssica Albiach.
A este escenario interno convulso en el seno del Palau de la Generalitat, con un ejecutivo buscando asegurar sus cimientos en lo que resta de mandato, se han añadido este año los intentos de acabar con la herida abierta por el denominado procés catalán a través de la celebración de tres reuniones de la mesa de diálogo entre Govern y el Gobierno, cuyo último encuentro no tuvo lugar finalmente a finales de año, tal y como estaba previsto. La última reunión, celebrada en julio, acabó con el acuerdo de ambas partes de "desjudicializar" la política catalana.
En noviembre, el presidente español, Pedro Sánchez, anunciaba una reforma del Código Penal pactada previamente de forma discreta con ERC para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, y rebajar las penas por malversación sin lucro personal. Estos dos delitos afectan de lleno a los encausados y enjuiciados por el 1-O en Cataluña y supone rebajas de condenas y eliminación de multas.
A pesar del veto del Tribunal Constitucional, el Pleno del Senado derogaba el pasado 22 de diciembre el delito de sedición y modificaba el de malversación reduciéndolo, sin incorporar las enmiendas suspendidas por el TC.
Pero la Generalitat, lejos de conformarse, dio un paso más allá en el pulso soberanista. Aragonès manifestó durante el discurso institucional de Sant Esteve que 2023 será el año "de dar forma a la propuesta catalana de acuerdo de claridad" para cerrar las condiciones de un referéndum pactado de autodeterminación en Cataluña, una opción que ya planteó en el debate de política general del Parlament de septiembre. No obstante, el presidente Sánchez enfrió esas expectativas horas después, remarcando que dicho debate «no se va a producir".
El PSC apremia a ERC a aprobar las cuentas cuanto antes
El acercamiento de posturas entre ERC y PSOE a nivel nacional no se ha materializado hasta la fecha en una firma de las cuentas catalanas con el apoyo de los socialistas. La semana pasada, el PSC envió una propuesta formal a modo de ultimátum al Govern en minoría que difiere en puntos troncales con el pacto alcanzado entre Aragonès y Albiach, y con la que presionar al ejecutivo a aprobar unos números lo antes posible contando con los 33 diputados de la bancada del PSC, tras 14 reuniones infructuosas.
ERC, lejos de sentirse interpelado, tildó el movimiento de la formación de Salvador Illa de estrategia para dilatar plazos, «marcar perfil» y erigirse en «salvadores» de Cataluña dando vía verde a los presupuestos. El Govern continúa hablando discretamente con socialistas y con sus antiguos socios de Junts, con quienes las posiciones parecen más que alejadas.
Cisma abierto con Junts por los casos Borràs y Dalmases
A finales de julio, la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, era suspendida del cargo con los votos de ERC, CUP y PSC después de que el juez dictara la apertura de juicio oral contra ella por presuntamente conceder a dedo contratos a un amigo cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La diputada de Junts acusó a ERC de actuar como «jueces» contra ella y atacó duramente la estrategia de los entonces todavía socios de Govern republicanos de sentarse en la mesa de diálogo con el Gobierno por ser «contraproducente» para los intereses políticos independentistas.
Se abría así la primera gran brecha entre los dos partidos secesionistas que anticipaba el abrupto divorcio que se materializaba en otoño. Una separación poco amistosa que dividió al independentismo y que agravó aún más la dimisión forzada por la cúpula de Junts de Francesc de Dalmases, mano derecha de Borràs y vicepresidente de Junts, salpicado por un presunto trato vejatorio a una periodista de TV3 durante una entrevista a Borràs en el canal emitida el pasado 9 de julio.
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