Calma tensa en el PSOE. La reforma de la malversación amenaza con levantar un incendio que la dirección pretende controlar. De momento, lo ha conseguido a medias. Los siempre críticos Emiliano García-Page y Javier Lambán, presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, respectivamente, han salido ya en tromba contra Pedro Sánchez, aunque otros líderes territoriales aguardan sus dudas, movidos por la seguridad del Ejecutivo de que no habrá un goteo de rebajas de penas a corruptos. Además, el Gobierno les ha intentado contentar añadiendo el delito de enriquecimiento ilícito en el Código Penal.

Fue el líder castellano-manchego quien abrió la veda el martes. Y no fue casual. Convocó a los medios para posicionarse públicamente. Y empezó a disparar. "Es un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica", lanzó Page, que tildó de "no tolerable" el hecho de que se pacte "con delincuentes su propia condena". "Me importa que nos tomen por tontos, a mí también. Este es un momento grave para la política española. De esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia", dijo, en referencia a la frase que el presidente había dicho semanas antes sobre que pasaría a la historia por exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de Cuelgamuros.

Su compañero Lambán le siguió la pista este miércoles, aunque utilizando un tono menos severo. El mandatario aragonés dijo "con claridad y rotundidad" que es "gravísimo" que se utilicen fondos públicos para cometer delitos como los realizados por los independentistas con la convocatoria del 1-O. "Deberían tener un tratamiento penal incluso agravado respecto al anterior", añadió el barón socialista, que rechazó ordenar a los diputados aragoneses en el Congreso que votaran en contra de la reforma, como pide el Partido Popular.

Tampoco la dirección del PSOE cree que vaya a haber en la votación de este jueves diputados que se salten la disciplina de voto. El grupo celebró una reunión el martes en el Congreso en la que el portavoz, Patxi López, trató de calmar las aguas. Es él quien tiene contacto directo con los diputados, mientras que María Jesús Montero es "la de las rondas", como dice con sorna un diputado, en referencia a que es la que se encarga de llamar a los barones cuando "tienen dudas" sobre medidas del Gobierno.

Una persona cercana a la ministra de Hacienda confiesa que ha tenido diferentes conversaciones con los líderes territoriales. Incluso con Page, con quien se ha whatsappeado al respecto, en una conversación en la que le dijo algo que no ha querido desvelar. "La opinión del señor Page es su opinión", respondió este miércoles en el Congreso, antes de añadir que su "sentido de la lealtad y respeto" le impedía dar "públicamente" su "opinión".

Las mismas fuentes aseguran que el resto de líderes territoriales "entienden" la reforma de la malversación cuando se les explica. Para convencerles, además, el Gobierno y la Ejecutiva socialista despliega dos argumentos: están "seguros" de que no se producirá, como sí pasó con la ley del 'solo sí es sí', un goteo de rebajas de penas a corruptos, lo que tendría un nivel de desgaste incalculable para el Ejecutivo y el partido. Además, el PSOE también decidió incluir un nuevo delito -el de enriquecimiento ilítico- para que pudieran vender que no se rebajan las penas para los corruptos, que es lo que sigue defendiendo la dirección: "El Gobierno está trabajando por la convivencia. Y lo tienen que entender".