El PSOE pasa al ataque. Después de unos días viendo cómo el partido empezaba a incendiarse a costa de la reforma de la malversación, este miércoles han puesto el foco en lo que a su juicio es una victoria propia: el hecho de que ERC haya aceptado, al fin, que lo vivido el 1 de octubre de 2017 fue delito. Así lo señalan fuentes de la formación, que se remiten a la enmienda transaccional pactada entre socialistas y republicanos, que pese a rebajar el castigo por malversación en ciertos casos, supone de facto que los de Oriol Junqueras aceptasen no despenalizar el delito. Es por ello por lo que tildan de "maniobra de distracción" la última petición de referéndum lanzada por los catalanes, que se produjo el mismo día en el que la comisión de Justicia avanzaba en la reforma de la malversación.

"Están desviando el tiro", reflexiona una persona de la dirección de los socialistas, que insiste en negar que el referéndum que piden se pueda llegar a celebrar. El Gobierno, a diferencia de lo que pasó con la sedición o la malversación, sí muestra firmeza en su rechazo a esta iniciativa. "No se va a celebrar ningún referéndum en nuestro país", señaló ayer la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez. También fue claro el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López: "Radicalmente, este grupo, este partido y este Gobierno no van a aceptar ningún referéndum de independencia en Cataluña, ninguno. Cuando alguien pida un referéndum, nosotros pondremos encima de la mesa la Constitución".

Lambán defiende que "el Estado, frente a los intentos de los independentistas, no debe desarmarse, sino rearmarse"

En este sentido, las fuentes también cuentan que fue "difícil" que ERC firmara la enmienda transaccional del lunes. En un primer momento, los republicanos presentaron una enmienda que proponía una pena de entre seis meses y tres años de prisión- para quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal. Finalmente, el PSOE subió ese castigo a entre uno y cuatro años. Y logró la firma de ERC, que rápidamente salió a explicar que ese tipo "no se corresponde tampoco con las conductas como la de la organización del 1 de octubre". Algo que negó Moncloa y que el PSOE ahora proclama.

"Admiten que son conductas criminales y que tienen reproche penal. Están reconociendo que se saltaron la ley", afirman las mismas fuentes, que recuerdan la bronca entre republicanos y sus exsocios de JxCAT el martes en el Senado, en el que los de Carles Puigdemont afearon que no se despenalizaran los hechos ocurridos durante el 1 de octubre.

Recelos dentro del partido

Dentro del PSOE la malversación ha levantado una gran polémica. Tanto, que el malestar no se ha comunicado solo dentro del partido, sino fuera. Ayer, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, decidió subir el tono. "Es un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica", lanzó el presidente autonómico, que tildó de "no tolerable" el hecho de que se pacte "con delincuentes su propia condena". "Me importa que nos tomen por tontos, a mí también. Este es un momento grave para la política española. De esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia", dijo.

Quien también ha criticado la reforma ha sido Javier Lambán, presidente de Aragón, que ha apostado por agravar más las penas para la malversación de fondos públicos por cometer un delito como el que hicieron los independentistas, es decir, "destinar dinero público para un referéndum ilegal y declarar la independencia de Cataluña". Además, ha pedido armar al Estado en lugar de desarmarse y que el Gobierno no tenga que depender de los extremos para gobernar.