La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este miércoles que ha planteado que las elecciones generales en su país se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país.
El anuncio se produce, precisamente, cuando el juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ha ordenado que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar.
Boluarte remarcó que "legalmente los tiempos calzarían" para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche de este martes con el Consejo de Estado se hicieron "reajustes" que indican que los comicios podrían ser en diciembre del año anterior.
"Haciendo reajustes esto se puede adelantar a diciembre de 2023, antes de esa fecha técnicamente, legalmente, no calzaría; en consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución", enfatizó la presidenta.
Agregó que, como jefa de Estado, tiene que "ser responsable y decir que estos tiempos no dependen" de ella, "sino del Congreso y del ente electoral, que va a llevar a cabo el adelanto de elecciones".
Ante las protestas y manifestaciones violentas que se han desatado en el país desde el pasado fin de semana, que hasta el momento han dejado siete muertos y más de un centenar de policías heridos, Boluarte enfatizó que "los ciudadanos de bien" no pueden "comportarse ni poner en riesgo la vida y la salud de nuestros compatriotas".
"Llamo al Perú en general a mantener la calma, este gobierno de Dina Boluarte desde el comienzo ha dicho que va a ser dialogante", remarcó antes de aclarar que no se puede "dialogar si de por medio hay violencia".
La gobernante reiteró que los ministros "se van a desplazar a los lugares de tensión" en el país, con la intención de "conversar de manera fraterna, tranquila" con las organizaciones y manifestantes que participan en las protestas.
"Mantengamos la calma, el Perú no puede desbordarse en sangre, ya esa experiencia la hemos vivido en los (años) ochentas, en los noventas, no queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro de miles y miles de peruanos", invocó.
El planteamiento de Boluarte
Boluarte había anunciado este martes que iba a reunirse con la Comisión de Constitución del Congreso para buscar "acortar los plazos" para la celebración de elecciones generales en su país.
La jefa de Estado, que asumió el cargo el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, sostuvo que el suyo es "un gobierno de transición", que preside con el objetivo de "llamar a la calma" en su país, ante la grave agitación social y política.
Ante los pedidos que hace un sector de la ciudadanía para que se cierre el Congreso, Boluarte recordó que Castillo fue destituido y enviado a prisión precisamente por intentar aplicar una medida de ese tipo.
Señaló que, por todos esos motivos, "no entiende" por qué un sector de los peruanos, a los que llamó "hermanos", se "están levantando en contra de este gobierno" que preside.
El gobierno de Perú formalizó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo.
En el proyecto se detalla que ese plazo "deberá servir también para aprobar, de ser el caso, las reformas constitucionales referidas al régimen político peruano" y remarca que "urge realizar cambios democráticos y constitucionales en el Congreso, obedeciendo fundamentalmente el sentimiento de la ciudadanía".
Al anunciar esta propuesta durante la madrugada de este lunes, Boluarte dijo que tomó la decisión de no terminar su mandato en julio de 2026 al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio" del gobierno.
La presidenta asumió su cargo en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso después de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la formación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y reorganizar el sistema de Justicia.
48 horas más de prisión
En el plazo de 48 horas se realizará una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que ha presentado la Fiscalía contra el exgobernante, que se postergó para la mañana del jueves a petición de las partes implicadas en el caso.
"Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos" del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentó Castillo ni sus abogados defensores.
Tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho "a la medianoche", señaló que iba a reprogramar la audiencia para las 08.30 horas (13.30 GMT) de este jueves.
Ante la insistencia del representante de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la situación de Castillo, ya que este miércoles se cumplen los 7 días de arresto preliminar que se dictó en su contra, Checkley prorrogó esta detención durante 48 horas más.
Detalló que "de conformidad" con lo establecido en el Código Procesal Penal para estos casos, si el fiscal requiere prisión preventiva "la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas". "Ese es el plazo en el cual deberá mantenerse en detención el señor Castillo hasta que se realice la audiencia", remarcó.
El juez supremo también sostuvo que ha notificado "de inmediato" a las partes del caso sobre el pedido fiscal y consideró que la decisión de postergar la audiencia para la mañana del jueves es "un tiempo prudencial".
"Se va a tratar de verificar, si es posible a través de la propia área de la Policía, una constancia sobre la negativa del señor Castillo a participar en la audiencia, que es su derecho, pero debe contar con abogado", remarcó.
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