No ha pasado ni una semana desde que la política en Perú reventara por completo después de que el ya expresidente, Pedro Castillo, pidiera públicamente disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, tratando de adelantarse así a la destitución que planeaba votar el Parlamento. La entonces número dos de Castillo, Dina Boluarte, se posicionó en contra del autogolpe y, de forma casi inmediata, fue nombrada presidenta. Sus primeros días de mandato han sido recibidos con intensas movilizaciones por una parte de la población, especialmente en el sur del país. Boluarte no es reconocida como presidenta por los manifestantes, que le piden la liberación de Castillo (detenido pocas horas después) y que convoque elecciones de manera urgente. 

"Quiero dirigirme al país para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón", dijo este martes Castillo ante el tribunal que revisa su arresto preliminar. El expresidente aseguró que "jamás" renunciará ni abandonará la "causa popular" que dijo haberle llevado al poder, aseguró estar "injusta y arbitrariamente detenido" y culpó a Boluarte, "del feroz ataque a sus compatriotas".

Las autoridades peruanas han confirmado más de un centenar de heridos entre policías y manifestantes y la muerte de al menos seis personas a causa de los enfrentamientos de este lunes entre la Policía y los manifestantes. Seis han muerto en el Departamento de Apurímac, y otro fallecimiento ha ocurrido en Arequipa. Dos de ellos eran menores de edad y en algunos videos que ya corren por las redes se puede ver como uno de los manifestantes moría en el acto tras ser alcanzado con lo que parece ser un arma de fuego directamente en la cabeza. 

Boluarte ha declarado el estado de emergencia en el sur del país por las protestas y el nuevo Ejecutivo ha detallado que la medida tendrá una duración de 60 días. Por ello, la Policía Nacional del Perú podrá mantener "el control del orden interno", todo ello con el apoyo de las Fuerzas Armadas, según esgrime un decreto publicado por el Ejecutivo. Castillo, por su parte, pidió este martes "a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia".

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El autogolpe de Castillo: ¿por qué ahora?

Si algo define al Gobierno de Pedro Castillo es la lucha constante con el Congreso por sobrevivir en el cargo. Durante sus casi 18 meses en el poder, son varios los cambios de Gobierno e intentos de destitución contra el mandatario, que llegó a ser presidente casi sin apoyo del Parlamento. El autogolpe pudo responder a un intento de que no se le aplicara por tercera vez el procedimiento vacancia.

Según Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, las mociones anteriores "había conseguido esquivarlas formando mayorías de bloqueo, donde evitaba que sus adversarios políticos tuvieran la mayoría necesaria", pero esta vez "lo tenía mucho más complicado".

Para Sánchez, Castillo optó por por una salida a lo Alberto Fujimori, que en 1992 también realizó un autogolpe y se mantuvo en el poder hasta el año 2000. Fue precisamente tras esta etapa cuando se buscó dar más poder al Congreso peruano, para evitar que volviera a suceder lo ocurrido en la década de los noventa. 

"Castillo movió ficha aprovechando el desprestigio que tenía el Congreso, pero calculó mal que el apoyo que tenía era mínimo", asegura Sánchez. Esta falta de apoyos en sectores como las Fuerzas Armadas pudo ser una de las claves para que no saliera adelante el autogolpe. "En principio parece que no le apoyaron, pero vete a saber si en algún momento hubo algunas conversaciones y luego se pusieron de perfil", afirma el director del Instituto de Iberoamérica, que reconoce que hay cosas que posiblemente nunca sabremos de lo ocurrido.

Así también lo reconoce Eduardo Puig de la Bellacasa, responsable del Área Internacional en América de CEU-CEFAS: "Tuvo un error de cálculo. O estaba mal asesorado o creía que las Fuerzas Armadas sí le iban a apoyar, pero desde un principio se opusieron al golpe de Estado".

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Unas protestas que van más allá

Lo que sí ha demostrado la detención de Castillo es que el ya expresidente tiene cierto apoyo social, sobre todo en algunas partes del país. Los manifestantes piden respetar los derechos de Castillo y evitar lo que denomina un juicio político impulsado desde las élites peruanas.

Otra de las demandas de los movilizados es una nueva constitución, que fue precisamente una de las peticiones que hizo del propio Castillo en su mensaje a la nación del miércoles pasado. "Esto es un clásico latinoamericano", reconoce Sánchez, que agrega que una nueva Constitución no tiene que ver solo con las reglas de un país, sino que es como una especie de refundación nacional: "Ha pasado en Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia... es como poner el contador a cero. Ya lo han hecho otros Gobiernos de izquierda y Castillo también quería hacerlo".

Las protestas por lo tanto no son solo una reacción a una defensa a ultranza de Castillo, sino que buscan defender lo que para muchas zonas el expresidente representaba para ellos. "Un fenómeno que ha estado muy latente en el Perú era el de las organizaciones sociales, pero que no había explotado el conflicto entre centro y periferia. Entre Lima y la zona Andina", asegura Sánchez. 

De hecho, el propio Castillo nace de este tipo de movimientos, en concreto del sindicato de maestros. Esta es una de las fuerzas vivas más potentes de toda la región y en países como Perú se han convertido en el catalizador de las protestas contra las políticas de la capital. "No podemos caer en el error de pensar que esto es una cuestión del indigenismo. Esto es mucho más complicado. Tiene mucho que ver con un movimiento antiélite. Una reacción desde las periferias", explican desde el Instituto de Iberoamérica.

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Un escenario incierto

Lo que ocurra en los próximos días dependerá mucho de hasta que punto se intensifiquen las protestas y, a su vez, la represión policial. Los manifestantes piden que las elecciones no sean en abril de 2024, como ha prometido Boluarte, sino que se adelanten a principios de 2023. Esto, sin embargo, requeriría de una modificación de la Constitución, ya que la actual requiere un plazo de 270 días. 

"Una reforma constitucional puede funcionar, pero el problema es que para ello hace falta consensos y, como hemos visto el caso de Chile, eso no es fácil de conseguir", recuerda Francisco Sánchez. "Esto puede ir a más, pero si no va hacia Lima posiblemente no tengan tanta complicación", añade. 

Por su parte, Eduardo Puig avisa de que por el momento "las protestas han sido principalmente en los feudos de Castillo y todavía no se han generalizado", por lo que los pasos que de el Congreso y la actual presidenta marcarán el devenir de unas protestas que no dan visos de concluir.