Sigue la batalla entre los dos principales partidos nacionales a cuenta de la Justicia. Este sábado, el Partido Popular ha revelado que va a recurrir la reforma del Código Penal al Constitucional con el objetivo de frenar lo que consideran una "deriva autoritaria" de Pedro Sánchez.
Esta misma jornada, por su parte, los socialistas han contraatacado acusando al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de practicar una "política antisistema".
Estas declaraciones han llegado en dos comparecencias, a cargo de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, y de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
Ambas portavoces se han cruzado reproches por la anunciada reforma del Código Penal, lo que no ha hecho sino aumentar las diferencias entre ambos partidos nacionales.
"Deriva autoritaria del PSOE"
La 'popular' Gamarra ha sido la primera en intervenir. La portavoz del PP ha criticado la "deriva autoritaria" de un "escondido" Sánchez. La política riojana ha impelido al presidente del Gobierno a que dé explicaciones en el Congreso por sus "mentiras" ante los españoles y por hacer "lo contrario" de lo que prometió cuando era candidato.
Gamarra ha hecho referencia a la intención de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición y contra los corruptos, y le ha reprochado que vaya a permitir que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda regresar a España sin rendir cuentas, a pesar de que prometió que lo pondría ante la Justicia.
Después de decir que el único objetivo de Sánchez es "perpetuarse" en el poder y de dar "máximos poderes con mínimos controles" a sus socios parlamentarios, Gamarra ha dicho que es una "barbaridad autoritaria" promover cambios en el Código Penal a través de una proposición de ley, vía enmiendas, de manera urgente y "saltándose todos los controles".
Por eso, Gamarra ha advertido de que el Partido Popular acudirá también a los organismos e instituciones europeas y que derogará "estos ataques al orden constitucional" cuando gobierne. La portavoz dice que además, pretenden tipificar el delito de sedición, el referéndum ilegal y todas las formas de corrupción.
El PP, "antisistema"
Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, de colocarse en una posición "antisistema" y de querer "invalidar" la soberanía del pueblo, porque dice que no respeta los votos de los ciudadanos representados en el Parlamento.
Pilar Alegría ha dicho que esta "deriva" del PP "no tiene justificación" y que "ni ellos mismos saben dónde va a concluir". Los ha culpado de no respetar la "separación de poderes" en España, salvo "cuando ellos gobiernan".
"No hay mayor atropello que el no reconocer el poder de la ciudadanía del pueblo que, como digo, dan los votos que luego se ven representados en el Congreso", ha dicho la ministra de Educación.
Alegría se ha preguntado por qué Núñez Feijóo tiene "secuestrado" al Poder Judicial, ya que el líder popular, reconoce y respeta la separación de poderes y el cumplimiento de las leyes. La portavoz socialista lo ha atribuido a sus "intereses políticos".
Pilar Alegría ha insistido en que el PSOE no va a apoyar ninguna enmienda que suponga un beneficio para los condenados por corrupción política ni la despenalización de un uso indebido de los recursos públicos.
Además, la ministra ha defendido la enmienda socialista que, según ha dicho, persigue desbloquear el Tribunal Constitucional para acabar con el "secuestro" que dice que lleva ejerciendo el PP al Poder Judicial, así como para garantizar el cumplimiento de la Constitución.
Los independentistas y los jueces
En Cataluña también hay división de opiniones sobre la sustitución del delito de sedición por desórdenes públicos agravados. Este cambio, pactado por ERC con el PSOE, no es del agrado de los secesionistas de JxCat. Su secretario general, Jordi Turull, ha dicho que "menos años de cárcel a cambio del riesgo de más gente en la cárcel no es ninguna solución".
Por último, los jueces, por medio de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en el sector, ha mostrado su "preocupación" porque los cambios contribuyen a "una indeseable degradación de las instituciones y a la extendida sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos".
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