El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido al órdago del Gobierno inmediatamente. Esta mañana se conocía una enmienda presentada por PSOE y Unidas Podemos para obligar al Consejo a nombrar sus dos candidatos pendientes para ocupar el Tribunal Constitucional y el bloque conservador del CGPJ, que lleva casi tres meses atrincherado en el bloqueo de esta renovación, ha respondido rápidamente solicitando al presidente del órgano que convoque una reunión en los próximos tres días. Su objetivo, aseguran a 20minutos fuentes de este sector, es zanjar los nombramientos. 

La propuesta legal de los partidos que sostienen el Gobierno de coalición ha sentado mal en el seno de este ala del CGPJ, que habla de "fraude" y "pantalla de humo". Resulta que la enmienda impone unas fechas y una metodología de votación muy concretas: los vocales tendrán cinco días para elegir candidatos (uno nombre por vocal) y luego se hará una votación única. Los candidatos que salgan adelante no necesitarán el apoyo de una mayoría de tres quintos, como hasta ahora. Si hay un empate, será el presidente del Consejo, en ese mismo pleno, el encargado de dirimir. 

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Fuentes conservadoras del CGPJ denuncian la "inconstitucionalidad" del método propuesto por el Ejecutivo. Según aclaran, "el Consejo está encomendado a votar dos candidatos pero cada vocal solo podrá votar uno", algo "inaceptable". 

Después de meses sin mover ficha, los conservadores aseguran que la votación iba a salir adelante el día 22, cuando se había convocado el próximo pleno. El Ejecutivo, advierten, sabía esto y sabía que parte del órgano veía con malos ojos a José Manuel Bandrés, el candidato progresista. Bandrés, que ocupa desde hace meses la lista del sector progresista, quedando finalmente como su candidato oficial, es visto desde el ala opuesta del CGPJ como "el candidato del Gobierno". 

Defienden, por tanto, que Sánchez no se limita a elegir a los dos candidatos que le corresponden (Juan Carlos Campo y Laura Díez) y busca proponer a un tercero desde su sector afín en el órgano de gobierno de los jueces. 

Lo que comenzó como una relación cordial, el pasado 13 de septiembre, cuando venció el plazo legal para la reforma del Constitucional, se ha convertido en una batalla de poderes sin precedentes en la historia de la democracia. Ya desde que el Ejecutivo puso un plazo legal para el nombramiento de magistrados, el sector conservador parecía desentenderse. Pero el Ejecutivo decidió mostrarse paciente ante una decisión que sí o sí se iba a dilatar. Mientras los vocales decían no sentirse vinculados a los plazos legales, el Gobierno les recomendaba trabajar "con tranquilidad" en la renovación. 

La cuerda se tensó demasiado y Sánchez perdió la paciencia. A pesar de que la ley dicta que el Constitucional se ha de renovar por tercios (de cuatro en cuatro), el Ejecutivo decidió nombrar sus dos candidatos y dejar de esperar al Poder Judicial. Teniendo en cuenta que se trata de unos nombramientos un tanto polémicos por su cercanía al PSOE, la noticia no sentó bien entre los jueces. 

La brecha se ensancha aún más al conocerse la enmienda presentada este viernes, que si bien ha causado gran indignación entre los vocales conservadores, parece que conseguirá que se cumpla el objetivo del Gobierno y que, finalmente, se acate el mandato legal de renovar el tribunal de garantías.