Al Gobierno se le ha agotado la paciencia y ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Los partidos que conforman la coalición, PSOE y Unidas Podemos, han registrado varias enmiendas a la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso para impulsar un cambio legal con el que pretenden obligar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que nombre de una vez a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden para así desbloquear la renovación de este órgano, que tiene cuatro de sus miembros ejerciendo en funciones desde el pasado mes de junio.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se trata de dos enmiendas presentadas a propósito de la reforma para, entre otras cosas, suprimir el delito de sedición, aunque ninguna de ellas modifica el Código Penal propiamente dicho. Sí la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar la mayoría necesaria en el CGPJ para elegir a los magistrados del TC: de tres quintos pasará a ser mayoría simple si en un periodo de tres meses no se ha alcanzado esa mayoría reforzada.

También se propone una nueva redacción de esta norma que establece un plazo concreto para la elección de esos magistrados por parte del órgano de gobierno de los jueces: si transcurrido un plazo de tres meses el CGPJ no ha procedido a la sustitución de los magistrados que le corresponden, se abrirá un plazo de cinco días hábiles para que los vocales presenten candidatos y tres días para la convocatoria de un Pleno en el que se votarán esos aspirantes y otros tres días para la celebración del mismo.

Durante su intervención, López ha cargado duramente contra el PP, al que ha vuelto a culpabilizar del bloqueo judicial y al que ha acusado de tener una actitud "antisistema sin ningún sentido de Estado" y "antidemocrática". También ha responsabilizado de la situación a "algunos miembros" del Consejo General del Poder Judicial, en referencia al bloque conservador del órgano encargado de gobernar a los jueces, a los que ha afeado su "intolerable incumplimiento de la ley".

Desbloquear la renovación

Con este cambio legal, el Ejecutivo pretende desbloquear la renovación del Constitucional, dado que ocho vocales del bloque conservador del CGPJ llevan meses posponiendo la presentación de un candidato de consenso, mientras que el bloque progresista ya ha designado al suyo, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés. 

La otra enmienda consiste en un cambio en la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional para que transcurrido el mandato de los magistrados elegidos por el Gobierno y el CGPJ, el órgano de garantías proceda al nombramiento de aquellos que hayan sido designados para sustituirles, aunque uno de los dos, ya sea el Ejecutivo o el órgano de gobierno de los jueces, no hayan procedido a la designación. 

La ley actual establece que el Constitucional, que está conformado por doce magistrados, se renueva por tercios. Cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado y otros cuatro por el Gobierno y el CGPJ. Así, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha elegido a los dos magistrados que le corresponden ahora -el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez-, había muchas dudas jurídicas de que pudieran tomar posesión de su asiento en el tribunal sin que el CGPJ hubiese nombrado a los suyos. También se suprime el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del TC.

Con esta reforma, el Ejecutivo quiere garantizar que el Constitucional no ponga impedimentos a Campo y Díez y también que el CGPJ lleve a cabo la renovación que está postergando desde hace meses. Para el Gobierno de coalición, esta renovación que toca ahora en el tribunal de garantías es de suma importancia, ya que está en juego un cambio de mayorías en este órgano. Tras años con mayoría conservadora, cuando se acometan los cambios pasará a tener mayoría progresista, a priori más ventajosa para el examen de leyes como la del aborto, la de eutanasia o la de memoria democrática que han sido recurridas por el PP o Vox.