El Consejo de Europa ve "muy preocupante" el bloqueo del CGPJ y critica la reforma que le impide hacer nombramientos en funciones

Los vocales del CGPJ en el pleno de este jueves 13 de octubre.
Los vocales del CGPJ en el pleno de este jueves 13 de octubre.
Los vocales del CGPJ en el pleno de este jueves 13 de octubre.

Un día después de que se cumplieran este domingo cuatro años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado este lunes un informe en el que llama la atención sobre la "politización" y la "preocupante" situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces e insta a las autoridades españolas a renovarlo "con carácter prioritario", ya que su bloqueo está impidiendo a su vez el nombramiento de otros magistrados.

"El estancamiento de cuatro años en la designación del CGPJ es un tema de preocupación crítica, que debe abordarse con carácter prioritario", ha recalcado el GRECO. En concreto, señala que "el sistema de designación de los magistrados del CGPJ" y la "politización" que está impregnando el proceso a los ojos de la ciudadanía suponen un "problema mayor". En ese sentido, reprocha a las autoridades españolas la falta de avances en las negociaciones para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, interrumpidas menos de un mes después de haberse retomado a principios de octubre.

Asimismo, el GRECO considera "muy preocupante" el bloqueo derivado de la reforma impulsada en marzo de 2021 por el Gobierno, que impide al CGPJ hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté en funciones. "No se trata de una preocupación menor en la medida en que corresponde al CGPJ tomar decisiones que afectan al poder judicial", enfatiza el informe, que insiste nuevamente en el criterio de que "los jueces deben ser elegidos por sus pares" y que las autoridades políticas no deben estar "involucradas" en "ninguna etapa" del proceso de selección.

De este modo, el Consejo de Europa estima que, en relación al órgano de gobierno de los jueces, España no ha acometido las recomendaciones del GRECO, que datan de 2013. Entre esas indicaciones se encuentra también el establecimiento de criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial con el objetivo de que las designaciones no pongan en duda "la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso". A pesar de que el GRECO consideró en su informe de 2021 que esta recomendación estaba "parcialmente" cumplida, advirtió de que la transparencia en la designación de altos cargos de la judicatura había aumentado a costa de la simplificación de los requisitos y de los procedimientos, un punto en el que reprocha ahora la "falta de nuevos desarrollos".

Mayor autonomía del fiscal general

Además, las recomendaciones del GRECO también se refieren a la figura del fiscal general del Estado, cuyo sistema de selección insta a revisar para garantizar su independencia. "La relación entre el fiscal general y el Ejecutivo es un tema que sigue despertando preocupación pública", señala el documento. Si bien el Consejo de Europa ha celebrado la adopción en mayo de este año de un nuevo Reglamento del Ministerio Público, ha invitado a llevar a cabo una "reforma más amplia" que "incluya una fase de consulta con la propia profesión" y favorezca una mayor autonomía presupuestaria y normativa del ministerio público, así como una mayor transparencia en la comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía y una modificación de la duración del mandato del fiscal general, para que no coincida con la del Ejecutivo.

Por último, respecto a las recomendaciones que afectan a diputados y senadores, el GRECO anima a las autoridades españolas a regular la relación de los parlamentarios con los grupos de presión, una tarea que considera parcialmente cumplida. Pese a reconocer el avance que ha supuesto la exigencia de publicar la agenda institucional de los diputados y senadores introducida por el Código de Conducta de las Cortes, llama la atención sobre la "gran opacidad" que persiste en la práctica. "Más de la mitad de los parlamentarios no han publicado su agenda institucional y el contenido de las agendas publicadas varía considerablemente, sin que aparezcan sistemáticamente los contactos con los grupos de presión que buscan influenciar en el proceso legislativo", observa.

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