El Gobierno sorprendió esta semana designando a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia hasta hace año y medio, para ocupar un asiento en el Tribunal Constitucional (TC). Más allá de las críticas que ha despertado este nombramiento por su vinculación al Ejecutivo y su evidente apariencia de parcialidad para examinar las leyes que han salido del Consejo de Ministros del que él mismo formaba parte, la elección tiene otras implicaciones que pueden afectar al propio funcionamiento del órgano de garantías precisamente por ese pasado político de casi una década en las filas del PSOE.

Campo es juez de carrera y, a priori, cumpliría los requisitos para ser magistrado del Constitucional. Pero su paso por la política y por este Gobierno, del que salió en julio de 2021 sin que el presidente Pedro Sánchez diera ningún motivo concreto, muy probablemente le obliguen a abstenerse de tratar ciertos asuntos en los que haya tenido participación directa por su condición de ministro. Si no lo hace, se expone a la reprobación. Y aunque no sea así, todas las resoluciones que firme o el sentido de su voto en las sentencias estarán salpicados por la sombra de la sospecha. A todo esto se une que su experiencia en los tribunales no es tan extensa como la de otros posibles candidatos o la de los que serán sus compañeros de institución.

El Constitucional está formado por doce magistrados y la ley establece que se renueva por tercios, es decir, cuatro en cada turno. Cuatro los debe nombrar el Congreso, otros tantos el Senado y otros cuatro que se reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y en el turno que corresponde al Ejecutivo, éste ha optado por el exministro Campo y por Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional que ha ejercido como asesora en la Moncloa.

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La pregunta que cabría hacerse es por qué el Ejecutivo ha elegido a dos personas que podrían tener que abstenerse de la deliberación de asuntos clave para ese mismo Ejecutivo. Sin embargo, el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Constitucional Joaquín Urías considera que hay diferencias claras entre Campo y Díez.

En el caso del exministro, Urías aclara primero que las abstenciones de los magistrados del Constitucional no son algo tan infrecuente y casi todos tienen que apartarse en un momento u otro. Por ejemplo, muchos han sido jueces del Tribunal Supremo y cuando tienen que examinar recursos de amparo sobre asuntos que han abordado en su etapa profesional anterior, deben apartarse para no comprometer la resolución.

No es la misma situación, pero un caso de abstención paradigmático fue el de varios magistrados del Constitucional que decidieron apartarse después de que abogados de los exlíderes independentistas condenados por el procés pidieran su recusación al haberse pronunciado anteriormente sobre esta causa judicial en conferencias o artículos.

El problema con Campo estaría en las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez que han sido recurridas ante el tribunal de garantías por PP o Vox. Según explica Urías a 20minutos, cualquier sentencia sobre una norma en la que el exministro hubiera participado de alguna manera se podría ver comprometida.

Formar parte del Consejo de Ministros cuando se aprueba una norma puede considerarse participación directa, pues al pertenecer ese órgano colegiado se podría considerar a Campo coautor de la misma.

Diferente es la situación en las leyes que empezaron a elaborarse cuando él era ministro, pero que han salido del Gobierno después de su salida. Ahí, según el profesor de Constitucional consultado, su participación para ser apartado tendría que quedar demostrada a través de algún documento que acredite que el Ministerio de Justicia, cuando lo dirigía Campo, intervino en la preparación de una norma determinada.

Más allá de las implicaciones prácticas, de funcionamiento del Constitucional, la elección de Campo por el Gobierno es, para Urías, una decisión que "hace mucho daño" al tribunal, un órgano que basa su reconocimiento en la "legitimidad" que siempre ha acompañado a todas sus decisiones. Ahora, apunta, cualquier voto que emita el exministro o sentencia que redacte puede verse cuestionada y eso va en detrimento del prestigio de la institución.

Díez "aporta mucho al TC"

Sobre Laura Díez, Urías tiene una opinión bien distinta. "Da el perfil perfectamente", apunta, al tiempo que subraya que "lo de menos es que estuviera unos años en Moncloa" como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica. Según recuerda el profesor, Díez es catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona y su experiencia académica y de estudio del Derecho "aporta mucho al tribunal".

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No cree que Díez tenga que abstenerse de valorar ciertos asuntos cuando ocupe un asiento en el tribunal de garantías, ya que en su paso por Moncloa habrá elaborado informes internos que no son públicos y no se conoce el alcance de los mismos como para interpretar que la catedrática está 'contaminada'. 

Sin embargo, Urías considera que Campo tiene un handicap y es que "no es un jurista destacado". Accedió a la carrera judicial en 1987, a los 34 años, pero ha desempeñado buena parte de su trayectoria en el terreno político. A los diez años de obtener su plaza de juez, entró a formar parte de la Junta de Andalucía, después fue elegido vocal del CGPJ y también ocupó cargos en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras unos años como diputado del PSOE en el Congreso, fue nombrado ministro de Justicia por Pedro Sánchez.

La conclusión, para Joaquín Urías, es que Campo "no se ha dedicado a escribir Derecho" lo suficiente como para ser designado magistrado del Tribunal Constitucional. El profesor consultado duda, en definitiva, que el exministro esté "preparado técnicamente" para el puesto.