"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Así comienza el artículo 47 de la Constitución. Unas líneas más abajo, el 48 anuncia alegremente: "Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural". Los dos se incluyen entre los derechos fundamentales del Título Primero pero, sin perjuicio de las buenas intenciones del constituyente, los datos evidencian que algo no funciona.

Hoy en día ser joven en España es elegir entre vivir en 25 metros cuadrados sin luz natural a 30 kilómetros del trabajo o la Universidad, o bien compartir piso hasta los 35 años dedicando más de la mitad de tus ingresos a pagar el alquiler. Esta situación no es propia solo de Madrid o Barcelona: se observa de manera generalizada en todo el país y resuena a escala continental. La diferencia con capitales europeas como París o Londres, donde los alquileres también alcanzan cifras astronómicas, es claramente el nivel de salarios: casi la mitad de los jóvenes españoles viven con menos de mil euros mensuales.

Frente a la vertiginosa escalada de los precios de la vivienda, que no han dejado de crecer en la última década, se han propuesto varias soluciones. El Gobierno central congeló en marzo la subida anual del alquiler al 2% como parte del plan contra la inflación, y pretende mantener esa medida hasta finales de 2023. Además, ha desplegado un bono de alquiler joven, que gestionan las comunidades autónomas, con las tradicionales desigualdades e ineficiencias que ello conlleva. Medidas, por tanto, temporales o parciales.

Mientras, la ley de vivienda coge polvo en el Congreso desde febrero por falta de acuerdo entre sus impulsores. Es una de las grandes promesas de la legislatura, paralizada debido a las divergencias existentes sobre qué herramientas utilizar para aliviar los precios, especialmente en lo relativo a los topes al alquiler. Pero en la calle sí se aprecia interés. El CIS muestra un notable aumento de la vivienda como preocupación, especialmente para los jóvenes: sigue ascendiendo posiciones entre los problemas que más les afectan.

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Hay mantras que no por repetidos dejan de ser dolorosamente relevantes: España es un país de propietarios, las ayudas directas son regresivas y nuestro parque de vivienda de protección oficial es ridículo comparado con la media europea (ocho veces menor que el de Francia). No se trata ya de un problema en ciernes, sino de una olla a presión en forma de vulnerabilidad sistémica del Estado de bienestar: atajarla exige pasar de los parches a las medidas valientes. La atmósfera de frustración y ansiedad entre la juventud es irrespirable.

Tal vez cuando los padres de la Constitución redactaron el Título Primero era realista que un veinteañero aspirase a encontrar un trabajo que le permitiera pagarse un alquiler o la hipoteca y desarrollar en libertad su proyecto vital. Pero ese futuro ha sido arrebatado a varias generaciones de jóvenes –y ya no tan jóvenes–, que se ven forzados a perseguir la utopía de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades.