El Gobierno y la banca han llegado a un acuerdo con medidas para proteger a los hogares más vulnerables del encarecimiento en las hipotecas que han provocado las fuertes subidas en los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) lleva aplicando desde agosto. Este acuerdo incluye una reforma del Código de Buenas Prácticas hipotecarias de 2012, que se amplía y flexibiliza, y la creación de un segundo catálogo de medidas más focalizado en la clase media. Además, se incluyen medidas complementarias como la eliminación durante 2023 de algunos gastos y comisiones vinculados a hipotecas.

Tras dos meses de largas negociaciones entre las partes, el Ejecutivo ha aprobado finalmente en Consejo de Ministros un catálogo de medidas que, eso sí, son de suscripción voluntaria para los bancos, aunque estos estarán obligados a cumplirlas si finalmente firman su adhesión a él. Una voluntariedad que no ha gustado al ala morada de la coalición, que ve insuficiente el acuerdo. 

El pacto "preservará la estabilidad financiera" y beneficiará a un millón de hogares con hipotecas a tipo variable, según ha defendido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, este martes. Las entidades de crédito todavía no han firmado su adhesión a este catálogo y los consejeros delegados de los tres principales bancos por capitalización de España (Santander, BBVA y CaixaBank) se han mostrado cautos. Los tres han dicho que están pendientes de que se cierren los últimos flecos para confirmar si dan el visto bueno o no al acuerdo.

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En este sentido, Calviño se ha mostrado optimista. La vicepresidenta confía en que los bancos acepten este "menú de opciones" que permitirá, según sus palabras, "amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva" y dar "más tranquilidad, confianza y certidumbre" a los hogares. "La experiencia que tenemos con los códigos de buenas prácticas es positiva. Están funcionando bien y confío en que las entidades financieras se adhieran. El mensaje que se lanza es que el sector público y el privado están trabajando juntos y eso es muy positivo", ha expresado la vicepresidenta.

En todo caso, Calviño ha deslizado que el Gobierno "no tiene ninguna duda en tomar decisiones que puedan establecer obligaciones legales" y ha recordado que estos códigos son "voluntarios en la adhesión, pero obligatorios en su cumplimiento".

El acuerdo aliviará el efecto que la subida de tipos de interés del BCE ya está teniendo sobre algunas hipotecas. Una hipoteca media a tipo variable (150.000 euros a pagar en 30 años con un diferencial sobre el euríbor del 1%), pagaba una cuota aproximada de 448 euros en octubre del año pasado. Sin embargo, si esa misma hipoteca tuviera que actualizarse en octubre de este año, la cuota ascendería a 675 euros, un 50% más. 

Medidas para los más vulnerables

El acuerdo establece ahora que a los hipotecados vulnerables (con rentas inferiores a 25.200 euros al año, tres veces el Iprem) se les ampliará el Código de Buenas Prácticas que los bancos pactaron con el Gobierno de Rajoy en 2012. El código actualmente se limitaba a hogares con unos ingresos máximos de 24.318 euros y funciona como un protocolo en tres fases: en la primera, se permite a las familias que durante cinco años solo paguen los intereses del préstamo (periodo de carencia), se limita el interés máximo del préstamo y se amplía el periodo de amortización de la hipoteca a 40 años para facilitar los pagos. Si con estas medidas el hogar sigue destinando más del 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca, el siguiente paso es solicitar una quita, algo a lo que el banco puede negarse. Finalmente, si lo anterior no es suficiente, se puede entregar la vivienda para saldar el préstamo, algo que el banco está obligado a aceptar. 

En esencia, el Código de Buenas Prácticas seguirá funcionando de la misma manera, pero se introducen algunas novedades importantes. La más destacada es que ahora todos los hogares con ingresos por debajo de 25.200 euros anuales y que destinen más de la mitad de su renta a pagar la hipoteca podrán acogerse ahora a él. Antes, la normativa exigía que se hubiese producido "una alteración significativa" en la situación económica del hogar en los cuatro años anteriores. Un requisito que en el contexto actual en el que el problema es el encarecimiento de las hipotecas más que la pérdida de ingresos dejaba fuera a muchos hogares. 

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Eso sí, las condiciones para los nuevos hogares que serán incluidos son algo menos favorables. El periodo en el que solo tendrán que pagar el interés se reduce a dos años (frente a los cinco que rigen en el resto de los casos) y podrán ampliar el plazo de amortización un máximo de siete años. En Economía consideran que esta medida es necesaria para las familias a las que las subidas de tipos hayan forzado a "niveles de esfuerzo hipotecario excesivos que les obliguen a reducir gastos de primera necesidad y pongan en peligro el pago de la hipoteca, puedan recibir tratamiento adecuado".

El acuerdo reduce también el tipo de interés máximo que tendrán que asumir los hogares que se acojan al código durante el periodo de carencia. En concreto, el techo se reduce de un diferencial del 0,25% más el euríbor a uno del -0,1% más el euríbor. De igual manera, el plazo para poder solicitar la dación en pago de la vivienda se amplía a dos años y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, si es necesario.

El departamento que dirige Nadia Calviño calcula que una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros.

Vulnerables de clase media

La segunda pata del acuerdo desarrolla un "nuevo Código de Buenas Prácticas" que se focaliza en los hipotecados de clase media. El objetivo es que estas familias puedan tener "una adaptación más gradual" al nuevo entorno de tipos de interés. Para alcanzar a estos hogares, el acuerdo amplía hasta 29.400 euros el límite máximo de renta para poder acogerse a este segundo código. Además, podrán beneficiarse de él las familias que destinen más del 30% de sus ingresos a pagar la hipoteca, aunque, eso sí, tendrán que demostrar que su carga hipotecaria se ha elevado al menos un 20%. 

Para estos hipotecados de clase media, los bancos deberán ofrecer una congelación de cuotas durante 12 meses. Es decir, estos hogares dejarían de pagar durante un año las cuotas hipotecarias. Un importe que, transcurrido este periodo, deberán afrontar en los años siguientes, aunque con un tipo de interés menor. Para que las cuotas resulten más asumibles una vez transcurrido el año de congelación, los bancos deberán ofrecer también la posibilidad de ampliar la vida del préstamo hasta siete años. De esta forma, se consigue reducir la cuota mensual, aunque aumenta el pago total de intereses. 

Otras medidas

Economía comunicó anoche además que se reducirán todavía más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. También se incluirán medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.

Los dos Códigos de Buenas Prácticas -que se espera que estén disponibles para el 1 de enero de 2023- serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, pero estarán obligadas a cumplirlos si los suscriben. El primer Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012 fue suscrito prácticamente por todas las entidades de crédito en España.