El Ministerio de Igualdad insiste: si varios jueces están aprobando reducciones de condena a violadores no es porque la recién aprobada ley del 'solo sí es sí' lo ampare debido a una reducción de las penas mínimas, sino precisamente porque los magistrados "no están aplicando" la norma. Así lo afirmó este miércoles la ministra Irene Montero, que aseguró que "los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia" como, a su juicio, está ocurriendo en los casos desvelados en los últimos días.

"Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo sí es sí", argumentó Montero antes de entrar a un acto del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra. Para Igualdad, la clave para evitar reducciones de condena como las ya aprobadas es incrementar los programas de "formación" de los jueces, y no hacer cambios en una ley que, insistió la ministra, no está mal diseñada.

Pese a denunciar que los jueces no están, a su juicio, aplicando la ley o la estar aplicando de manera "errónea" o "defectuosa", Montero evitó acusar a los magistrados de haber cometido prevaricación, el delito en el que se encuadraría haberse negado a aplicar la norma en las sentencias. La ministra se limitó a asegurar que le "preocupa" que "haya jueces que no cumplan con las leyes feministas porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores", y pidió que "se cumpla con lo que han querido el ejecutivo y el legislativo".

Sánchez enfría la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y pide a los jueces "unificar criterios" tras la rebaja de penas a condenados

El único anuncio de Montero fue que se intentará "reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia" para evitar nuevas reducciones de condenas a violadores, ya que las que ya están aprobadas son inamovibles. "Y, como ha dicho el presidente, esperamos también que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores", señaló la ministra, que celebró las palabras de Pedro Sánchez, quien -a diferencia de lo que hizo el martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- no abrió la puerta a una posible modificación de la ley.

"Es evidente que hay error judicial"

En esa línea se ha pronunciado también la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. En su comparecencia en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la número dos de Irene Montero ha aseverado que es "tan importante" la sanción penal como la prevención "desde el punto de vista educativo". El problema, ha insistido defendiéndose de las críticas recibidas en la Cámara Baja por parte de varios grupos parlamentarios, reside en la "interpretación" que los jueces están haciendo del Código Penal. 

"Cumplir la ley no es solo cumplir la interpretación del Código Penal. Lo que hay que haces es cumplir con los artículos que hablan da la formación de los operadores jurídicos, y eso lo tiene que hacer el Consejo del Poder Judicial", ha apostillado. 

También Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha querido defender la postura de su departamento sobre el goteo de rebajas de condenas que están saliendo a la luz y que, reconoce, es algo que les preocupa "enormemente". Con todo, Rosell confía en que la Físcalía General del Estado (FGE) -que ya está estudiando las revisiones para decidir si es preciso elaborar una circular para que los fiscales unifiquen criterios para aplicar la ley- aclare esta cuestión. "Es evidente que hay error judicial, cuando no voluntariedad interpretativa en contra de los avances feministas", ha acusado. 

Así, aunque ha lamentado que las víctimas o el Ministerio Fiscal vaya a tener que "transitar por este camino", los casos llegarán al Tribunal Supremo y serán aclarados.  "Es una evidencia que hay un sector de la justicia del Poder Judicial que es reaccionario", ha concluido, recordando que en ningún caso el CGPJ advirtió de que podían darse estas revisiones a la baja de las nuevas penas máximas. "Y nosotras no bajamos las penas máximas", ha aseverado.