La demanda de gas natural en España cayó un 15% entre los meses de agosto y octubre respecto a la media de los últimos cinco años para el mismo periodo, en la línea con el compromiso voluntario marcado por la Unión Europea. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la presentación del balance del primer mes de aplicación del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), en la que también ha indicado que, desde el inicio de 2021 hasta finales del mes del mes pasado, las importaciones de gas natural ruso en Europa han disminuido un 88%, hasta representar menos del 6% del total.

Dicha reducción se incrementa hasta el 19% si se considera la variación en el saldo comercial de electricidad, es decir, si se tiene en cuenta la electricidad que nuestro país ha dejado de importar. Y es que España ha pasado de importar de Francia una media de 2.554 GWh en los últimos cinco años a exportar 4.115 GWh al país galo en 2022. Ribera ha calificado como "muy significativo" este saldo exportador, que ha vinculado al "estado del parque nuclear francés", que actualmente se encuentra operativo al 50%, una baja disponibilidad que, según la ministra, se mantendrá durante el invierno por la "extrema cautela" que requiere la reactivación de centrales nucleares.

También las exportaciones a Portugal han experimentado una tendencia creciente, pasando de una media de 604 GWh en los últimos cinco años a 2.790 GWh en 2022. En este caso, Ribera ha achacado el alza a la sequía, dado "el peso que tiene la generación hidroeléctrica en el sistema portugués". "España está actuando solidariamente con el resto de Estados miembros de su entorno garantizando la seguridad de suministro de electricidad vía la exportación indirecta de gas natural en forma de electricidad", ha valorado. 

No obstante, la titular de Transición Ecológico ha reconocido que, como ya ha ocurrido, podrán producirse "momentos de tensión" para satisfacer precisamente toda la demanda de Francia y Portugal, si bien ha querido "transmitir un mensaje de tranquilidad" afirmando que, "incluso en esas situaciones de tensión", el "buen funcionamiento del sistema español" está garantizado.

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Pese al incremento en el uso de renovables y a la disminución del consumo eléctrico, este incremento del saldo neto comercial de electricidad con Francia y Portugal, sumado a la sequía y a otros factores como el cierre de centrales térmicas de carbón, han supuesto un aumento en la generación eléctrica de ciclo combinado, compensado por el descenso en la demanda de gas natural por parte de la industria. La ministra ha defendido que el Gobierno ha flexibilizado el cambio de régimen para paliar esa caída del consumo en la industria. En esa misma línea, ha recalcado que la cogeneración ha recuperado los niveles de producción de junio, momento en el que entró en funcionamiento la excepción ibérica.

La demanda de energía eléctrica cae un 5,7%

Por su parte, según los datos aportados por la ministra, la demanda de energía eléctrica a nivel nacional se redujo un 5,7% entre el 1 de agosto y el 31 de octubre en comparación con la media de los últimos cinco años. Esta disminución equivale al consumo nacional de gas natural durante siete días. Además, Ribera ha recalcado que las medidas adoptadas por el Gobierno, entre las que se encuentra la excepción ibérica, han contribuido a ahorrar un 33% en la factura eléctrica respecto al precio que los consumidores tendría que pagar en ausencia de medidas. "Se ha producido una contención importantísima del eventual incremento de electricidad", ha expresado.

En la misma línea, la vicepresidenta tercera ha añadido que la reducción del IVA del gas al 5% y las nuevas condiciones tarifarias han supuesto una disminución en la factura de gas de un 53% en la tarifa TUR 1 -aplicable a consumos menores de 5.000 kWh al año- y de un 48% en la TUR de ahorro vecinal. En ese sentido, las medidas previstas en el Plan +SE tienen como objetivo aportar más seguridad frente a los precios de la energía y contribuir a incrementar la seguridad de suministro en la UE. En su primer de aplicación, se han puesto en marcha 30 medidas, que representan el 41% del total de 73.

En cuanto al precio del gas natural, Ribera ha subrayado que la cotización de esta fuente de energía se encuentra a su mínimo nivel en lo que va de año, por debajo de los 50 EUR/MWh , frente al pico de 120 EUR/MWh registrado en agosto. Este descenso en el precio se debe a que las reservas de gas se encuentran prácticamente llenas. En concreto, en España el almacenamiento subterráneo se sitúa al 95% de su nivel, lo que equivale a 33 días de consumo nacional, y el almacenamiento en plantas de gas natural licuado, al 87%, lo que equivale a 20 días de consumo nacional. "Las buenas condiciones de preparación para el invierno se están reflejando en la cotización del gas natural y la electricidad", valora el balance. 

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Asimismo, la titular de Transición Ecológica ha recordado que el Ejecutivo ha ampliado el volumen de energía a la que se puede aplicar el descuento del bono social y los descuentos que tienen que hacer las eléctricas. Según los datos presentados, estas decisiones han logrado que el precio de la electricidad para los consumidores vulnerables y vulnerables severos esté un 62% y un 64% por debajo del coste que hubieran tenido en ausencia de medidas. De este modo, Ribera ha sostenido que las familias que tienen el bono social pagan una factura igual o inferior a la que pagaban antes del inicio de la crisis de precios de la energía.

Proyectos renovables

Además, la vicepresidenta tercera ha sentenciado que su departamento no tiene "la más mínima intención" de prorrogar los plazos para la autorización de proyectos renovables, que ya se ampliaron en noviembre del año pasado. De hecho, ha instado a las comunidades autónomas a resolver en plazo las solicitudes, aludiendo al derecho de los promotores a obtener los permisos administrativos necesarios para lograr el acceso y la capacidad de evacuación a la red.

Ribera ha argumentado que, de cara a los inversores, sería difícil explicar por qué no se resuelven los proyectos en plazo, cometido que, según ha dicho, corresponde a las administraciones autonómicas. Lo que no cabe es "esa especie de trampa" de suspender el plazo, según ha argüido la ministra, que ha invitado a reforzar sus equipos para dar salida a los procedimientos.