Ante la convocatoria de un paro indefinido a partir del lunes por parte de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, el Gobierno ha convocado este jueves por la mañana a sus dirigentes para tratar de que frenen la movilización. La reunión ha tenido lugar en el Ministerio de Transportes y ha terminado sin un acuerdo entre las partes, de forma que, según ha declarado Manuel Hernández, portavoz de la organización de transportistas, "el paro continúa". 

Tras el encuentro, en el que el ministerio ha estado representado por subdirectores de la Dirección General de Transporte Terrestre, Hernández ha anunciado a los medios de comunicación que se mantendrá en su decisión de convocar las movilizaciones si el Ejecutivo no presenta un "documento con compromisos serios y firmados" antes de que acabe el domingo. 

Lo que pide la organización es un plan formal de inspección para vigilar que se cumpla la legislación sobre la carga y descarga de camiones y los precios de contrato. Hernández ha insistido en que se incluyan "sanciones ejemplares" a las empresas que contraten camioneros en condiciones ilegales y se produzca "un aumento del número de inspectores". 

Tras los paros organizados por el sector del transporte el pasado marzo, el Gobierno pactó varias medidas que se publicaron en un decreto-ley el 2 de agosto. Esa ley, fruto de las demandas de los transportistas, prohíbe que los transportistas perciban por un trabajo menos dinero que el que les cuesta llevarlo a cabo. También prohíbe que sean los camioneros los que carguen y descarguen los camiones, pero ninguna de estas dos cuestiones se está respetando, según denuncian desde la plataforma. 

Ahora sus miembros amenazan con un paro para conseguir que aumente la inspección a las empresas cargadoras (las que contratan a los camioneros) y para que se incluyan en la norma los contratos prolongados, una vía que han encontrado los cargadores para "evadir la ley", según ha declarado Hernández.

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El Ministerio de Transportes ha instado a los convocantes del paro patronal de transportistas a que "recapaciten" y desconvoquen la movilización porque "no beneficia a nadie", teniendo en cuenta, además, que el paro "ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector".

En el comunicado del ministerio se ha recalcado, además, que "España cuenta con una de las legislaciones en materia de transporte más avanzadas de Europa" y que el Gobierno "ha cumplido todos sus compromisos y sigue avanzando en mejoras, en diálogo y coordinación con el sector y con máxima implicación". 

Desde el ministerio se ha trasladado apoyo y se ha recordado que el sector "ha recibido 900 millones de euros y está siendo especialmente beneficiado por el descuento de 20 céntimos de los carburantes". Según el Gobierno, la ley aprobada en agosto garantiza que no se trabaje por debajo de costes y "la inspección ya está actuando para garantizar su cumplimiento". 

Las movilizaciones del pasado marzo, que ocasionaron problemas de suministro en distintas zonas del país, fueron convocadas por la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, la misma que ha convocado el paro del próximo lunes. Al finalizar aquellos 20 días de huelga, el sector comenzó a negociar con el Ministerio de Transportes para ilegalizar los trabajos pagados por debajo del precio de coste, para impedir que los camioneros se vean obligados a cargar y descargar sus vehículos y, en general, para mejorar las "agobiantes" condiciones económicas del gremio. 

La ley publicada en agosto recogió todas aquellas demandas pero, según denuncian desde la plataforma, la situación está "prácticamente" como en marzo.

El Gobierno aprobará un plan a finales de noviembre

Según ha comunicado el ministerio, la elaboración del plan de inspección ya está en marcha y el texto se aprobará "a finales del mes de noviembre". "Incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada", señalan desde el Gobierno.

La plataforma convocante, que se ha quedado sin el apoyo de la mayoría de las patronales del sector, se mantiene en su intención de efectuar los paros, a pesar de los anuncios de este plan de inspección.

Ante el incumplimiento de la ley por parte de los cargadores, Hernández ha asegurado que los transportistas han denunciado a las empresas, pero no tienen "ninguna información por el momento" del estado de esas demandas. 

Una información contraria a la versión que dan desde el Ministerio de Transportes, que asegura a 20minutos no haber recibido "ninguna denuncia formal sobre precios que no cubren los costes". 

La primera vía de denuncia habilitada es la oficial, por la que se debe identificar al infractor y la infracción cometida, así como facilitar la información necesaria para que la inspección sea eficaz. La segunda es la anónima, a través de un buzón al que se puede enviar información sobre incumplimientos que puedan ayudar a la inspección. 

Este buzón ha recibido 88 denuncias de particulares de entre las 105.000 empresas de transportistas. El Gobierno asegura que "estas denuncias anónimas se están depurando, y la mayoría de ellas no dan información suficiente para poder iniciar una inspección o no se acogen a los supuestos sancionables". 

Sin embargo, los indicios aportados por estas denuncias ya están siendo de utilidad para realizar "las primeras inspecciones". Las investigaciones relativas a supuestos de morosidad en el pago "están más avanzadas" y hay "unos 300 expedientes tramitándose", aseguran fuentes del Ministerio de Transportes.