La Audiencia de Sevilla ha dado un paso más en el cumplimiento de la sentencia que condena al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos del Gobierno andaluz a penas de prisión por el caso de los ERE, que en el caso del primero asciende a seis años y dos días de cárcel y 15 años de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación. 

Así, la Sección Primera ha emitido una nueva providencia con la que da cuenta de las peticiones de suspensión de pena de las defensas de los condenados a prisión, que esgrimen los incidentes de nulidad planteados ante la sentencia emitida al respecto por el Tribunal Supremo, que confirmó a su vez el fallo inicial de la Audiencia. Y acuerda dar traslado de los mismos a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas, "a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga en el plazo de tres días", tratándose de una providencia susceptible de recurso de súplica.

En concreto, la Audiencia expone que durante el pasado octubre ha ido recibiendo diferentes escritos por parte de las defensas de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano; el exdirector general de Trabajo Juan Márquez; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; y el exdirector general de Presupuestos de la Junta Vicente Lozano.

Previamente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ya había preguntado a las partes si suspendía la entrada en prisión de los mencionados inculpados condenados a cárcel, en espera de la tramitación de sus respectivas peticiones de indulto al Gobierno central, pesando ya un informe de la Fiscalía Anticorrupción que se opone a las peticiones de suspensión de la ejecución de las penas de privación de libertad. 

En su escrito, los fiscales de Anticorrupción señalan que el Código Penal "hace referencia a que, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto pudiera resultar ilusoria". En concreto, explican que la medida de gracia tiene un "carácter excepcional" porque "el interés público reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan". 

"No es un político corrupto"

Mientras, la defensa de Griñán ha formalizado un escrito ante la Audiencia para que desestime el escrito con el que Anticorrupción se ha opuesto a su petición de suspender la ejecución de la sentencia, sosteniendo que "el ordenamiento jurídico previene supuestos excepcionales, como el que concurre en las presentes actuaciones, que hacen que la ejecución de la sentencia firme no deba ser ni inmediata ni automática, como parece proponer el Ministerio Público". 

En concreto, el letrado alude a "la eventual suspensión" de la ejecución de la condena "hasta que se resuelva el indulto" solicitado al Gobierno central y hasta que "tenga respuesta el incidente de nulidad" elevado al Tribunal Supremo respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación, contra la mencionada sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

"Y eventualmente, si tras la nulidad fuera interpuesto, hasta que se resuelva el recurso de amparo, mediante la previsión de la suspensión cautelar de la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas, de conformidad con el artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)", agrega la defensa de Griñán, esgrimiendo que "precisamente la excepcionalidad de estos supuestos exige un análisis del 'caso concreto', que en el dictamen del fiscal brilla por su ausencia".

Además, y ante las menciones del escrito de la Fiscalía, defiende que Griñán "no es un político corrupto, en el sentido que se quiera dar a ese adjetivo descalificativo, incluyendo el más amplio posible", extremo que considera "notorio, conocido de todos y que difícilmente pudiera pasar desapercibido para una fiscalía especializada, acostumbrada a conocer políticos corruptos".