El Gobierno se resiste a reformular el nuevo impuesto extraordinario con el que durante dos años quiere aplicar a los principales bancos y compañías energéticas, de modo que en lugar de gravarse su cifra de negocios se aplique sobre sus beneficios, tal y como plantea la UE y como le exigirán varios grupos en el Congreso por medio de enmiendas. PSOE y Unidas Podemos, los dos socios de la coalición y los partidos que firman la proposición de ley para crear estos dos nuevos impuestos, han ignorado o puesto en duda este jueves los comentarios que portavoces del PP, PNV y PDeCAT han hecho sobre las enmiendas que presentarán para que se graven beneficios y no cifra de negocio. También lo quiere así Ciudadanos, a quien se ha quedado prácticamente solo con una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que solo ha apoyado Vox.

La enmienda de Cs, al que los grupos de izquierda han acusado de ponerse de parte de la banca y las eléctricas- suponía un texto alternativo a la creación de estos dos nuevos impuestos para dejar fuera a las compañías eléctricas y gravar solo a gasistas o petroleras y gravar un 33% solo beneficios superiores al 20% durante un solo año. Aunque partidos como el PP o el PNV han reconocido que esta propuesta está más en línea con el marco acordado en la UE, han optado como todos los demás por enmendar el "texto original", es decir, la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos.

Es aquí donde los portavoces de estos dos partidos no han aclarado si el Gobierno finalmente se alineará con el impuesto tipo que se acordó en la UE, sobre beneficios y no sobre ingresos y dejando fuera a eléctricas, además de bancos, que no contempla la decisión europea. PSOE y Unidas Podemos registraron su proposición de ley antes de que la UE acordara fijar un impuesto sobre beneficios extraordinarios -por encima del 20%- y posteriormente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abrió a "adaptar" el impuesto a las empresas energéticos y el PP, a apoyarlo si era como dictaba la UE.

Sobre beneficios, no sobre cifra de negocio, y excluyendo a los bancos: diferencias del impuesto de Bruselas y el del Gobierno

Sin embargo, este jueves los portavoces de PSOE y Unidas Podemos no han abundado en este 'compromiso', de la misma manera que el PP tampoco ha sido explícito en el apoyo que entonces se mostró dispuesto a prestar a un impuesto que calcara el reglamento europeo. El popular Gabriel Elorriaga solo lo ha apuntado al calificar de "arbitraria la magnitud que se utiliza para el cálculo", es decir, ingresos y no beneficios. También ha adelantado que antes de que se cierre el periodo de enmiendas el PP pedirá la comparecencia de expertos en el Congreso, de modo que haya una asesoría que ha denunciado que el Gobierno se saltó al proponer la creación de los dos nuevos impuestos a través de sus partidos en el Congreso en lugar de un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros y debería haber sido estudiado por el Consejo de Estado.

Por su parte, los portavoces socialista y morado han ahondado en el mensaje que se lanza desde el Gobierno de que la regulación europea es más amplia y permite a los países de la UE sustituir el impuesto a gasistas y petroleras por otras figuras impositivas que persigan los mismos fines, es decir, que estas empresas también contribuyan a aliviar el coste de la crisis energética. 

"Se apoya en el acuerdo en la UE de contribución solidaria de empresas de crudo, gas y refinerías. Dicen que la propuesta no se ciñe pero ese mismo acuerdo establece que los Estados miembros pueden mantener las medias nacionales que sean equivalentes, siempre que sean compatibles con el objetivo del reglamento", ha recordado en la Cámara el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro.

Poco después, el portavoz socialista en el debate, Pedro Casares, ha optado por no pronunciarse sobre las enmiendas que presentarán PP, PNV o PdCAT para gravar beneficios en lugar de cifra de negocio. Se ha limitado a defender unos impuestos sobre "beneficios extraordinarios" de los principales seis bancos y las cuatro mayores empresas energéticas españolas, pero sin detenerse en detallar cuál será la base imponible. "¿De verdad cree que no deben hacer un esfuerzo de solidaridad extraordinario con la gente?", ha preguntado a la Cámara antes de afirmar que "estos impuestos temporales nos van a permitir recaudar 3.500 millones para quienes más los necesitan".

Casares sí ha sido más claro al recalcar que serán temporales -durante dos años, según el proyecto de ley- frente a lo que en la fase de enmiendas pedirán ERC y el BNG, que quieren que pasen a ser "permanentes".

TUR comunitaria y nueva tarifa eléctrica

Por otra parte, el Congreso ha convalidado el décimo y último decreto-ley aprobado por el Gobierno con medidas para paliar la crisis económica que contempla la creación de una nueva tarifa regulada del gas para comunidades con calefacción central, la TUR vecinal; de una nueva tarifa eléctrica para familias de bajos ingresos pero más elevados -hasta casi 28.000 euros anuales en el caso de hogares con dos adultos y dos o más menores- que los hogares considerados vulnerables y aumenta para estos últimos la cuantía y el consumo de energía del bono social.

El decreto-ley que ha validado la Cámara también homologa la información que las empresas energéticas deberán plasmar en las facturas de la luz y del gas, así como la obligación para que los ayuntamientos tendrán que aumentar la eficiencia energética del alumbrado público mediante la instalación de luces de bajo consumo, de modo que todos los proyectos que emprendan a partir del año que viene cumplan unos "requisitos mínimos de eficiencia" para aumentar un 119% en el alumbrado funcional y un 163% en el alumbrado ambiental.

La ley incluye también medidas para fomentar el autoconsumo, entre ellas una que ya ha experimentado un cambio entre que el 18 de octubre fue aprobada por el Consejo de Ministros y este miércoles, cuando la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que se volverá a ampliar la distancia entre las placas fotovoltaicas para autoconsumo y el lugar donde se hace efectivo el consumo. Si el decreto lo amplió de 500 metros a un kilómetro, el Gobierno ha escuchado las reclamaciones del sector, de los consumidores y de los grupos políticos y permitirá una distancia superior, hasta dos kilómetros.

Aunque el decreto se tramitará como proyecto de ley con carácter de urgencia para admitir enmiendas de los grupos, Ribera ha indicado que la modificación relativa al autoconsumo se aprobará mediante enmienda en otra ley que esté en proceso de tramitación actualmente.