El Gobierno ha renunciado a regular el consumo en las luces de Navidad, pero los ayuntamientos se han convertido en la excepción a la voluntariedad de sus medidas para ahorrar energía. A ellos sí les aplicará una de carácter obligatorio, dado que los conminará a partir del 1 de enero de 2023 a aumentar la eficiencia energética del alumbrado público mediante la instalación de luces de bajo consumo.

De acuerdo al decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, los ayuntamientos tendrán que cumplir unos "requisitos mínimos de eficiencia" que supondrán aumentar un 119% en el alumbrado funcional y un 163% en el alumbrado ambiental. 

Gobierno y ayuntamientos rehúyen medidas para reducir las luces de Navidad en pleno debate sobre cómo ahorrar energía

Se trata de una modificación del reglamento de alumbrado exterior, referente a carreteras y calles en los municipios, que se incluye en un decreto-ley que concreta medidas del plan de contingencia que se aprobó la semana pasada. Allí, se contemplaba la concesión de crédito sin interés para cubrir hasta el 100% del coste de cambiar el alumbrado público de bombillas incandescentes por otras de bajo consumo (LED).

Este martes, acompaña a esta medida voluntaria otra que será obligatoria a partir del año que viene para nuevos proyectos de iluminación pública que emprendan tanto ayuntamientos como empresas concesionarias. Tendrán que poner más luces LED para cumplir objetivos de eficiencia que se elevan. Hasta el 1 de enero, tendrá un carácter voluntario.

Ahorro voluntario

El alumbrado exterior municipal consume unos 5.200 gigavatios hora anuales, lo que supone el 2% de todo el consumo eléctrico nacional. Con la actualización de la eficiencia mínima del alumbrado público que se ha aprobado este martes, el Gobierno calcula que los ayuntamientos pueden ahorrar entre un 39 y un 67% de lo que se consume en carreteras y calles, ha indicado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. 

"Es obligatorio para los proyectos nuevos que se inicien a partir del 1 de enero", ha subrayado la también ministra de Transición Ecológica, que ha precisado que "no hay obligación de sustituir toda las bombillas en nuestro país", sino que la obligación se aplicará a partir de las renovaciones que se acometan a partir del próximo 1 de enero. Sin embargo, también confía en que haya cambios voluntarios, a tenor de los mensajes que le trasladan los alcaldes. 

"Nos consta porque así nos lo han trasladado muchas administraciones públicas, que el peso que la iluminación exterior tiene para la cuentas de los ayuntamiento es tan importante que están queriendo trabajar en la sustitución", ha dicho.