Un 59% de los españoles defiende que el sueldo de los funcionarios debería subir lo mismo que los salarios de la empresa privada. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos en la que se pregunta a los españoles por algunas de las cuestiones de más reciente actualidad, con un apartado destacado para la negociación salarial. 

El 41% restante de los encuestados se divide entre quienes consideran que los sueldos públicos no deberían subir (un 13,5%), los que apuestan porque sus retribuciones aumenten menos que los salarios privados (11,4%), quienes piden incrementos mayores que los de la empresa privada (10%) y un 5,9% que elude pronunciarse.

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Revalorizar los sueldos públicos igual que en la empresa privada es la opción mayoritaria en todo el espectro político. Esta fórmula supera el 50% de apoyo entre los electores de todas las fuerzas políticas, aunque es especialmente destacada entre quienes votaron a Unidas Podemos (69,9%). El 62% de los votantes del PSOE lo ven con buenos ojos, una opinión que comparten el 58,8% de quienes se decantaron por el PP, el 55,7% de quienes eligieron a Vox y el 64,5% de los votantes de Ciudadanos.

Entre los salarios que se pagan con dinero público, los que reciben los políticos suelen ser motivo habitual de discusión. En este apartado, algo más de la mitad de los encuestados (el 53,5%) creen que los sueldos que cobran los miembros del Gobierno no deberían subir ni un solo euro. Esta opinión se impone con claridad a quienes defienden que las retribuciones deberían crecer igual que las de la empresa privada (26,8%), los que opinan que la subida debería ser menor (10,1%) y quienes creen que debería superar al sector privado (5%).

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Lo cierto es que los sueldos del presidente y los ministros subirán lo mismo que el de los funcionarios, que es menos que lo que se espera que aumenten los salarios privados. Así se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que este miércoles inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno llegó a un acuerdo con UGT y Comisiones Obreras a principios de octubre para actualizar la retribución de los empleados públicos. Se pactó una revalorización del 2,5% para 2023 (más otro 1% sometido a variables) y otro 2% (más otro 0,5% variable) para 2024. Además, se decidió aplicar una subida extra del 1,5% de cara a 2022 que se sumaría al 2% de alza que ya se aprobó en las cuentas públicas del año pasado.

Y mientras los empleados públicos ya tienen certezas sobre cómo crecerán sus salarios los próximos años, los asalariados de la empresa privada siguen sumidos en la incertidumbre. Las conversaciones entre sindicatos y patronal para definir una hoja de ruta para los salarios privados siguen congeladas a la espera de que la CEOE celebre elecciones a finales de noviembre. 

Los sindicatos exigen que en cualquier acuerdo se incluyan cláusulas de indexación de los salarios a la inflación, algo que los empresarios rechazan de plano. Mientras tanto, el porcentaje de subida salarial que se refleja en la estadística de convenios colectivos apenas alcanzaba el 2,6% en septiembre, tres veces por debajo del IPC registrado en dicho mes.