Los temibles efectos de la inflación están cuestionando principios básicos sobre los que había cierto consenso. Uno medular era el que fijaba el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con el fin de que la gente mayor, que carece de capacidad de recuperación económica, viviera su jubilación sin agobios ni incertidumbres. Parecía justo, la de los jubilados de ahora es la generación que levantó el país en los años duros, la que faenó en lo que pudo con edades muy tempranas, y la que no gozó de las ventajas que el estado del bienestar, por el que ellos trabajaron, proporcionó a sus hijos y aún más a sus nietos. 

Ellos no tuvieron fácil el acceso a la formación o a las becas y ni soñaron siquiera con los Erasmus. Tampoco disfrutaron de las condiciones laborales de ahora, con permisos de paternidad de cuatro meses, y muchos tardaron años en tener un mes de vacaciones. Cuando no había otra forma de ganarse la vida esa generación vendimió, se subió al andamio, sirvió mesas o limpió lo que hubiera que limpiar aquí o fuera de España, trabajos para los que en la actualidad no se encuentra mano de obra nacional a pesar del paro estructural que nuestro país padece.

Es obvio que son otros tiempos con otras exigencias y mentalidades y entiendo que la gente joven se desespere ante un mercado laboral especialmente adverso para ellos, que les remunera mal y no les ofrece un proyecto de vida estimulante. El persistente desempleo juvenil y la ausencia de expectativas de ese segmento de la población es un problema nacional de primer orden en el que ha de volcarse todo el que tiene influencia o capacidad alguna de mejorar las cosas.

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Resulta perverso, sin embargo, contraponer los derechos de los jóvenes con los de los mayores como si el sistema de pensiones fuera el causante de la precariedad juvenil. Un error en el que incurren quienes tienden a buscar culpables en lugar de soluciones. Voces que se dejan oír con ligereza en algunos medios y también en el Parlamento sin advertir el enorme riesgo que comporta el provocar un absurdo e inmerecido enfrentamiento generacional.

En esa línea frentista se han escuchando en el Congreso de los Diputados intervenciones contra la revalorización de las pensiones con el argumento de que compromete el futuro de los jóvenes. Quienes así se expresan olvidan que no hace ni dos años en esa misma cámara ellos mismos votaron a favor del informe emitido por la comisión del pacto de Toledo para que las pensiones, por ley, volvieran a estar indexadas al IPC, tras siete años en que el coste de la vida no se tuvo en cuenta, con la consiguiente merma del poder adquisitivo de los jubilados. Ese mismo informe, aprobado prácticamente por unanimidad, instaba a revisar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible, lo que por cierto aún está por hacer.

A la tentación de culpar a los jubilados de lo que padecen sus nietos se une la de cargar contra las pensiones máximas como si sus perceptores fueran unos ricachones privilegiados y no quienes contribuyeron más y durante más tiempo al sostenimiento del sistema. Congelar sus derechos, sin al menos un compromiso formal de recuperarlos a medio plazo, además de un precedente injusto podría ser cuestionada su legalidad.

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Lejos de generar un problema intergeneracional, los jubilados conforman la mayor y más segura red social de nuestro país. Baste recordar que fueron los abuelos con sus pensiones quienes se echaron a la espalda a hijos y nietos cuando la crisis económica causó estragos en las familias. Mirarlos ahora con recelo es cuando menos mezquino.