La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, negocia con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un nuevo esquema de exenciones fiscales de las que podrán beneficiarse los ciudadanos que hagan reformas en su casa destinadas a sustituir los combustibles fósiles -como una caldera de gas- por energías renovales, como bombas de calor o biomasa. El modelo será similar al que se puso en pie para incentivar las obras para la rehabilitación de vivienda y todavía no está concretado. Sí figura en el "Plan + Seguridad Energética" que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, que contiene otros compromisos todavía sin detallar, como ayudas a las comunidades de vecinos para abaratar el coste del gas de las calderas comunitarias o la ampliación de las ayudas a hogares vulnerables, así como el aumento de beneficiarios de instrumentos como el bono social térmico.
Aunque sin detalles de momento, el Gobierno promete "más rebajas fiscales", "más protección a los consumidores", particularmente a los más vulnerables pero no solo, y "más protección a las comunidades de vecinos" para "rebajar la factura de 1,6 millones de hogares" que tienen calderas comunitarias. Por lo que respecta a la sustitución de contadores analógicos por digitales para consumo de gas y electricidad, el Gobierno costeará con 40 millones de euros en dos años -2023 y 2024- para hacer un cambio hacia un modelo que producirá la cifra exacta de lo que cada hogar está consumiendo.
"Los equipos técnicos trabajan para ver la mejor forma de resolver la cuestión de las calderas de comunidades de propietarios, que representan en torno a 1,6 millones de familias pueden ver cómo su factura energética este invierno crece exponencialmente", ha indicado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las alternativas en estudio son una nueva tarifa o la ampliación del bono social para que cubra a las comunidades, de modo que estos vecinos "no queden en una situación que pudiera llevarles a la condición de facto de pobreza energética".
El plan de contingencia aprobado este martes es un documento impreciso en sus principales medidas y prolijo en recomendaciones. Esta vaguedad se fundamenta en motivos que fuentes del Gobierno relacionan con los tiempos que exige la creación de de marcos normativos nuevos -en materia de exención fiscal o en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-. Pero también en la relativa tranquilidad con la que el Ejecutivo afronta el invierno, sin problemas previstos de abastecimiento y habiendo cumplido ya con creces el objetivo comprometido en la UE, de que España tendría que recortar su consumo de gas un 7% entre agosto de este año y marzo del año que viene. Así pues, todo el ahorro, de gas y electricidad, que se consiga ahora será adicional.
Reducción del consumo
El Gobierno calcula que las medidas de racionalización del consumo en la Administración pública y en empresas y hogares o con el despliegue de energías renovables para sustituir las energías fósiles se puede reducir el consumo nacional de gas entre un 5,1% y el 13,5%. La vicepresidenta ha indicado que desde que se aprobó el primer plan de contingencia, en agosto, el consumo de gas ha caído un 4,6% y ha traído aparejado un 3,4% el de electricidad. El extremo inferior de la horquilla de ahorro adicional que se busca con este segundo plan está por debajo del recorte que sería obligado para España en caso de que en la UE se declarase una situación de alarma -el 7%-, pero fuentes del Gobierno aducen que España llega ya al ahorro genérico del 15% que se pactó en la UE porque en los últimos meses ya ha reducido en un 14% su consumo de gas.
Las estadísticas globales muestran lo contrario, un consumo todavía mayor que otros años, pero el Ministerio de Transición Ecológica -con el consentimiento de la Comisión Europea-, reconocen que se debe a las exportaciones de gas que España está haciendo a Francia -con la mitad del parque nuclear paralizado- y a Portugal -muy afectado por la sequía que ha disminuido su generación hidroeléctrica, clave para su abastecimiento-.
Aunque el Gobierno considera que España está en una mejor situación que otros países de la UE, con serios riesgos de desabastecimiento, el plan de contingencia incluye también el compromiso "solidario" de aumentar los envíos de gas a Francia y a Italia, un 18% más a través de los Pirineos y un 3% más en barcos metaneros a Italia. "Tenemos todos la obligación de ayudarnos", ha dicho Ribera.
Factura de la luz
Así las cosas, Ribera ha llevado este martes al Consejo de Ministros un plan de contingencia con 73 medidas que abunda en las recomendaciones de los últimos meses a las administraciones públicas, a las empresas y a los hogares y que tienen muy pocas medidas expeditivas. Las únicas tienen relación con la "ejemplaridad" que el Gobierno central espera de todas las administraciones públicas, para que revisen sus consumos y se comprometan a reducirlo, y con las comercializadoras de electricidad, a las que se dirigirá la otra modificación legal que ultima el Gobierno, junto con las exenciones fiscales para promover en los hogares la transición ecológica.
El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la CNMC un nuevo marco regulatorio para la elaboración de las facturas de la luz y el gas, que obligará a las comercializadoras no solo a dar más "información" y "transparencia" sobre el consumo, sino también a eliminar la inclusión de un "impuesto" o "tasa" por la compensación por el precio del gas que se deriva de la aplicación del mecanismo ibérico.
La inclusión de este nuevo concepto -que algunas comercializadoras denominaron "tasa"- levantó la alarma de muchos consumidores este verano y el malestar en el Gobierno con las comercializadoras de electricidad, que reflejaban el coste de la compensación pero no el ahorro para el consumidor por el mecanismo ibérico que, cinco meses después de empezar a aplicarse, ha supuesto un ahorro de más de 2.800 millones según Transición Ecológica.
De un forma que todavía se desconoce, esta modificación a la hora de elaborar la factura de la luz del gas, de manera que se elimine una información sobre el coste del gas que el Gobierno considera confusa. También dentro del plan de contingencia, deberán incluir una comparativa del consumo de consumidores similares en el código postal en el caso de las facturas de menos de 15kw de potencia y consumo anual inferior a 50.000kw. "¿Qué pasa en tu barrio?" ha llamado el Gobierno a esta iniciativa.
Ayudas al autoconsumo
El plan se compone de 73 medidas en seis bloques y de recomendaciones para administraciones y hogares. Para estos últimos se dirigirá también una campaña de comunicación y esfuerzos más específicos para que, por ejemplo, sean los arquitectos quienes a la hora de acometer una reforma recomienden las alternativas más eficientes o para que la publicidad en los grandes almacenes informen de las ventajas energéticas de unos modelos de electrodomésticos sobre otros.
Fuentes del Gobierno destacan que, con el objetivo de ahorro de gas cumplido, no tenía sentido imponer medidas que perjudicaran a la industria y sí otras que el Gobierno recomendaría en cualquier otra situación. Espera también que, aunque son recomendaciones, surtan efectos por algo tan básico como que el encarecimiento del precio de la luz y el gas es el primer factor que ya de por sí lleva a industrias y hogares a intentar ahorrar.
En este sentido, el plan incide en acelerar la transición ecológica y para eso, además de las execiones fiscales para hogares que sustituyan energías fósiles por renovables, prevé sacar una nueva convocatoria de ayudas por 500 millones de euros para financiar el autoconsumo -placas fotovoltaicas-, que sumarán a una partida de 900 millones que está apunto de agotarse. Además se incrementará el límite actual de los 500 metros que puede haber entre la instalación que genere la electricidad con energía solar y el punto de consumo hasta una distancia que Ribera todavía no ha revelado. Como el resto de medidas que aún no están detalladas, el Gobierno espera que estén listas muy pronto.
También habrá créditos ICO para las pymes que inviertan en eficiencia energética y renovables, en un denominado "Kit verde para pymes", al estilo del "Kit digital", cuya cuantía y condiciones tampoco se concreta.
Teletrabajo público y cambio de luces
Por lo que respecta a las administraciones públicas, el "Plan + Seguridad Energética" contempla el plan de ahorro que se aprobó hace meses para la Administración General del Estado que contemplaba el teletrabajo de los empleados públicos como medida de ahorro y que en estos momentos todavía no aplican o no en su totalidad nueve de los 22 ministerios del Gobierno.
Como muy tarde el 1 de diciembre los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos tendrán que presentar al Ministerio de Transición Ecológica sus propios planes de ahorro en sus respectivas administraciones, de despliegue de renovables y actuaciones de ahorro y eficiencia. Lo que no ha escuchado el Gobierno en su plan es la reclamación que le hicieron algunas comunidades para poder contar con más personal con el que desatascar los cuellos de botella que hay en la Administración, que no da abasto para autorizar todos los proyectos de renovables que hay presentados. En Transición Ecológica recuerdan que el Gobierno central reforzó hace un año el personal en sus delegaciones y subdelegaciones dedicado a estas tareas y que la dotación de personal en las comunidades compete a cada gobierno autonómico y que algunos sí han hecho ya ese esfuerzo.
En concreto para los ayuntamientos, el Gobierno concederá préstamos sin interés para cubrir hasta el 100% del coste que suponga cambiar el alumbrado público de bombillas incandescentes por otras de bajo consumo (LED). De lo que no dice nada es de qué deberán hacer los alcaldes con las luces de Navidad. En este sentido, el Gobierno considera que deben estar incluidas en el cálculo que le pide a todos los municipios sobre su ahorro energético. Transición Ecológico da la bienvenida a los alcaldes y alcaldesas que opten por reducir el consumo en luces navideñas y saluda las decisiones de reducirlas o limitar el número de horas pero opta por no entrar en una cuestión tan espinosa con ninguna medida en el plan energético.
El Gobierno central alude a la "ejemplaridad" que deben dar las administraciones públicas en el ahorro de energía pero ni siquiera para ellas tiene medidas obligatorias en el plan de contingencia aprobado este martes. Menos para las empresas, aunque a las mayor tamaño sí las que invita a "presentar planes de contribución al ahorro energético", algo que calcula que no les llevará mucho esfuerzo, puesto que desde 2016 están obligadas por ley a realizar auditorías energéticas.
Con respecto a los hogares, el plan incluye recomendaciones de cómo refrigerar la casa de la forma más eficiente según la estación del año, las formas más eficientes de climatizar el hogar, recomendaciones a la hora de renovar un electrodoméstico y sobre cómo aprovechar las ayudas públicas para el autoconsumo.
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